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El pantà de Sant Ponç, ple de banyistes. En primer terme, un vigilant privat.

Multas de hasta 3.000 euros para bañistas incívicos

El pantano de Sant Ponç, lleno de bañistas. En primer término, un vigilante privado.

Multas de hasta 3.000 euros para bañistas incívicos

Ocho municipios del Solsonès han decidido contratar seguridad privada y reclaman al Gobierno que cree la figura de vigilante rural

Actualizada 18/07/2021 a las 23:54

El número de bañistas en los pantanos y rieras del Solsonès se ha triplicado desde la pandemia. Este aumento del turismo ha supuesto también un incremento de comportamientos incívicos en zonas que, hasta ahora, han estado prácticamente vírgenes. Cansados de eso, 8 municipios han decidido contratar un servicio de seguridad privada para multar a los bañistas incívicos con sanciones que van de los 100 a los 3.000 euros. Aparcar mal, abandonar desperdicios, tener el perro desatado o la música demasiado alta son algunos ejemplos que, a partir de ahora, ya son sancionables. El alcalde de Guixers, Jordi Selga, lamenta que los ayuntamientos –todos ellos pequeños y con poca capacidad económica- tengan que hacer frente a este gasto, y reclama al Gobierno que cree la figura de vigilante rural.
 
En la Losa del Caballo, este domingo por la mañana se han concentrado unos 400 vehículos, muchos más que un domingo fuera de temporada. El volumen de turistas que recibe la zona desde la pandemia se ha incrementado de manera notable, y algunos con comportamientos incívicos que dificultan la convivencia con los vecinos.


Un ejemplo son los desperdicios. Junto a uno de los accesos al embalse, hay un contenedor de cristal lleno de todo tipo de basura. De todo, menos cristal. «Barbacoas de un solo uso, latas de cerveza y recipientes de pollo asado son los desperdicios más habituales», lamenta a la ACN el alcalde de Guixers, Jordi Selga, mientras recoge él sol los desperdicios que se acumulan en los arcenes|riberas del camino.

Cansados de eso, ocho municipios -Clariana de Cardener, Olius, Navès, Lladurs, Odèn, Castellar de la Ribera, Guixers y Sant Llorenç de Morunys- han decidido contratar vigilancia privada con capacidad para multar bañistas que no cumplan las normas. Los ayuntamientos pagan este servicio con dinero de su bolsillo y lamentan la dificultad que eso supone para unos municipios con tan poca capacidad económica.

Por eso, aunque la iniciativa cuenta con el apoyo del Consejo Comarcal, los alcaldes reclaman en el Gobierno cree la figura de vigilante rural y sea él quién se haga cargo de este gasto para controlar las masificaciones de gente.

Multar, la solución para que la gente haga caso
El verano pasado ya hubo agentes cívicos que informaban a los bañistas de praxis incívicas, pero el conseller de Turismo, Ferran Ginestà, ha explicado que la medida no era suficiente porque la gente hacía caso. «Tenían que llamar Mossos y Agentes Rurales, pero no siempre llegaban a tiempo y, por eso, hemos decidido dar un paso más y multar», ha subrayado.

La medida se aplica al pantano de Sant Ponç (Clariana de Cardener), en el de la Losa del Caballo (Yeseros), a la Ribera Salada, en el río de Aigua de Ora y en el río Aigua de Valls. El incumplimiento de las restricciones se puede sancionar con multas que van de los 100 a los 3.000 euros.
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