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Referéndum 1-O
Els acusats durant el judici de la Sindicatura Electoral de l'1-O.

Los síndicos electorales del 1-O dicen que no llegaron a ejercer el cargo en ningún momento

Los acusados durante el juicio de la Sindicatura Electoral del 1-O.

TSJC

Los síndicos electorales del 1-O dicen que no llegaron a ejercer el cargo en ningún momento

Sólo recibieron una llamada para nombrarlos y en una reunión en el Parlament los instaron a no hacer ninguna gestión

Actualizada 03/03/2021 a las 14:19

Los síndicos electorales de demarcación del 1-O han asegurado este miércoles que ni antes ni después del 12 de septiembre del 2017 ejercieron sus cargos. Durante el juicio contra los cinco síndicos electorales de Cataluña, todos han explicado que recibieron una llamada a finales de agosto o principios de septiembre para proponerles ser síndicos electorales. Aceptaron y sus nombres fueron publicados en la web del referéndum. También fueron convocados en una reunión al Parlament el 12 de septiembre y allí dos funcionarios les comunicaron que la ley del referéndum había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y por lo tanto ellos no tenían que hacer nada hasta nueva orden. Más tarde recibieron requerimientos del TC para dejar los cargos.
 
Al inicio del juicio contra la sindicatura electoral, 8 de los 15 síndicos territoriales, que son juristas, abogados, politólogos y profesores, tres por cada demarcación provincial y tres más por el Arán, han coincidido en explicar que aparte de la llamada inicial por parte de algún partido o cargo público no recibieron ninguna instrucción más hasta el día 12. Cuando se aprobó la ley del referéndum, sus nombres se publicaron en la web. Los citaron a una reunión en el Parlament el 12 por la tarde, en la que la mayoría de ellos no se conocían. El encuentro fue corto y dos funcionarios les explicaron que como la ley había sido suspendida por el TC, ellos también estaban suspendidos de funciones hasta nueva orden.


No llegaron a tomar posesión formal de los cargo ni hicieron nada más y tampoco recibieron ninguna instrucción posterior.

En cambio recibieron un requerimiento del TC donde les decía que dejaran de hacer cualquier acto a favor del referéndum. El segundo requerimiento les advertía que los multarían con 6.000 euros diarios si no renunciaban formalmente al cargo, cosa que todos hicieron. En una tercera notificación, mucho tiempo más tarde, les confirmaron que no se les multaría. Sin embargo, no todas las notificaciones fueron comunicadas formalmente a los 15 síndicos.

Vulneración de derechos
La fiscalía pide para los cinco exsíndicos electorales de Cataluña nuevos meses de prisión por desobediencia grave a la autoridad y a dos años más por usurpación de funciones públicas. Alternativamente, el fiscal propone condenarlos por el delito de desobediencia a resoluciones judiciales a una pena de multa de 5.400 euros y un año de inhabilitación para supervisar procesos electorales.

Antes de los testimonios, el abogado de los síndicos, Ramon Setó ha presentado varias cuestiones previas, alegando que las multas coercitivas del TC y la querella de la fiscalía suponen perseguir dos veces los mismos hechos, vulnerando el principio llamado non bis in idem. Según Setó, esta causa judicial, vulnera la jurisprudencia y los tratados internacionales, así como la libertad de conciencia y de creación científica. Según él, los cinco síndicos electorales aceptaron los cargos no por su ideología independentista ni por una decisión política, sino por su cualificación profesional. «Pusieron su pericia al servicio de la sociedad y querían enriquecerse profesionalmente con una experiencia de gran relevancia europea», ha dicho.

La fiscalía se ha opuesto a estas alegaciones, diciendo que sólo se los juzga por desobedecer una resolución del TC, como quien conduce con el carné retirado o rompe una orden de alejamiento. Además, ha asegurado que el TC ya resolvió que sus multas coercitivas no impiden perseguirlos penalmente. Sobre la libertad académica, ha recordado que todos han podido seguir ejerciendo su trabajo. La magistrada ha dado la razón en la fiscalía.
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