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Las consecuencias del 1-O
El president del Parlament, Roger Torrent, rep la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre al despatx d'Audiències de la cambra, el 23 de novembre de 2018.

Los cinco síndicos del 1-O, a juicio por desobediencia y usurpación

El president del Parlament, Roger Torrent, rep la sindicatura electoral del referèndum de l'1 d'octubre al despatx d'Audiències de la cambra, el 23 de novembre de 2018.

Los síndicos electorales del 1-O niegan haber cometido ningún delito

Denuncian la «voluntad persecutoria» de la fiscalía

Actualizada 01/03/2021 a las 10:41

Tres años y medio después de los hechos, los cinco síndicos electorales del 1-O se sentarán mañana martes en el banquillo de los acusados. La fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión por desobediencia y usurpación de funciones públicas.

En declaraciones a Els Matins de Catalunya Ràdio , el que fue presidente de la sindicatura, Jordi Matas, ha defendido que no han cometido ningún delito y ha añadido que todavía no saben quién ni de qué se les acusa de haber usurpado. El vocal Josep Pagés ha añadido que la dilación en el tiempo del caso le da un «contenido político» y demuestra «voluntad persecutoria». Y es que, según Pagés, se trata de una «querella preventiva con voluntad de disuadir».
 
La vocal Tània Verge ha defendido que tampoco desobedecieron y ha instado la fiscalía a presentar pruebas recordando que la presunción de inocencia está de la parte de los exmiembros de la Sindicatura Electoral del 1-O. En este contexto, ha concluido que es una querella con «ánimo de venganza».

En la misma línea, la que también fue vocal Marta Alsina ve la actuación de la Fiscalía como un «escarmiento» para dar el mensaje que no lo pueden volver a hacer. Alsina considera que ya han cumplido el castigo recordando que se los sancionó y que dimitieron el 21 de septiembre del 2017 a instancias del Gobierno, antes del referéndum.

En cambio, en su escrito, el ministerio público afirma que los cinco miembros de la Sindicatura Electoral firmaron resoluciones como tales a pesar de saber que el Tribunal Constitucional (TC) había suspendido las leyes aprobadas por el Parlamento por crear esta figura.
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