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La Fiscalía se querella contra Torrent por permitir debates sobre autodeterminación y monarquía

La denuncia de desobediencia también afecta a tres miembros de la Mesa

Actualizada 01/03/2021 a las 12:53

La fiscalía ha presentado una querella contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, los miembros de la Mesa Josep Costa i Eusebi Campdepadrós y el exmiembro Adriana Delgado por haber permitido el debate de dos resoluciones sobre autodeterminación y monarquía. La fiscalía los acusa de desobediencia por haber admitido a trámite y permitido que se debatiera al pleno el texto de dos resoluciones, una el 12 de noviembre del 2019 y la otra el 26 de noviembre del 2019. En la primera constaba un compromiso con el ejercicio del derecho a la autodeterminación, mientras que la segunda, una resolución de respuesta a la sentencia del Supremo para el 1-O, reiteraba la reprobación del Rey. Según la fiscalía los cuatro miembros de la Mesa no hicieron caso de las advertencias de los letrados y permitieron el debate. 

La fiscalía recuerda que la sentencia del TC del 2 de diciembre del 2015 declaró inconstitucional y nula la Resolución 1/XI del Parlament del 9 de noviembre del 2015 sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados del 27-S. El TC acordó la suspensión de los resoluciones parlamentarias y recordó a la Mesa su deber «de impedir y paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada» y les advirtió que podían incurrir en responsabilidades, incluida la penal, si lo incumplían. En su escrito, la fiscalía considera que los cuatro querellados incumplieron esta sentencia al permitir los dos debates.


En el caso del debate sobre autodeterminación, el 28 de octubre del 2019 la CUP-CC registró una moción donde se expresaba la voluntad del Parlament «de ejercer de forma concreta el derecho de la autodeterminación y de respetar la voluntad del pueblo catalán». El 29 de octubre la Mesa la admitió a trámite, el 5 de noviembre se desestimó las peticiones de reconsideración del PPC, PSC y Cs y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno. Fiscalía recuerda que el mismo 12 de noviembre el RC había admitido a trámite un incidente de ejecución por el incumplimiento de las provindències y que se notificó a los afectados de su «deber» de impedir la iniciativa.

En el caso de la segunda resolución, sobre la reprobación del Rey, la fiscalía recuerda que el 22 de octubre JxCat, ERC y CUP-CC registraron la propuesta de resolución de respuesta a la sentencia del Supremo que incluía una declaración donde que afirmaba que «el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía». La Mesa lo admitió a trámite, el 29 de octubre se desestimó las peticiones de reconsideración y el 12 de noviembre se debatió y aprobó en el pleno.

La fiscalía recuerda que en la sentencia de 17 de julio del 2019 el TC ya había declarado inconstitucionales y nulos unos apartados de una resolución del parlamento donde ya se reprobaba la actuación del Rey en relación al proceso En una resolución posterior -25 de julio del 2019- se volvía a reiterar al reprobación al Rey, y el 18 de diciembre el TC declaró nulos otra vez estos incisos.

De hecho, la resolución del Parlament de respuesta a la sentencia –la segunda que motiva la querella- también incluía una defensa del derecho a la autodeterminación, con el compromiso que «el Parlament reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas (...) la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Cataluña».

La querella es contra el presidente del Parlament, Roger Torrent; el vicepresidente primero, Josep Costa; el secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y la secretaria cuarta, Adriana Delgado. Delgado dejó el cargo el 26 de noviembre del 2019 y fue sustituida por Rut Ribas.

La fiscalía pide al TSJC que cite como investigados a Torrent, Costa, Campdepadrós y Delgado por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.
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