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Sociedad

La URV debate políticas para detener la sangría del despoblamiento que sufren las zonas rurales

Expertos lamentan la falta de políticas reales así como la dificultad de acceso a los servicios y el bajo dinamismo económico

Actualizada 26/02/2021 a las 16:08

Qué políticas pueden resultar útiles para frenar el despoblamiento que sufren áreas geográficas del país como las comarcas del Pirineo y las Terres de l'Ebre. Expertos de varios puntos de Cataluña, el Estado y la Unión Europea han debatido este viernes estas estrategias en un 'workshop' sobre 'Repoblación/Despoblamiento en Cataluña' organizado por la Cátedra de Economía Local y Regional de la URV. Desde el mundo académico han lamentado la falta de políticas efectivas en este ámbito. Han puesto sobre la mesa la necesidad de anclar la población joven en las zonas rurales garantizado el acceso a servicios públicos básicos, las oportunidades laborales, con iniciativas como la emprendeduría social, y la generación de vínculos socio-culturales comunitarios.
 
El refuerzo demográfico de las zonas rurales experimentado los años anteriores a 2008, con la llegada de 3 millones de personas recién llegadas al Estado español y la mejora de las infraestructuras de comunicación, acabó desvaneciéndose con el estallido de la crisis económica, que dejó una situación de estancamiento y retroceso demográfico. En este contexto, la despoblación, según ha recordado Vicente Pinilla, responsable de la Cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza, ha sido objeto habitual de grandes consensos políticos que no se han acabado traduciendo en la práctica.

Se trata de un fenómeno de largo alcance, que tuvo su punto culminante los años 50 de la posguerra, pero que no ha dejado de manifestarse en los datos a lo largo del siglo XX. Los expertos constatan que si no existe un valor diferencial a la hora de acceder a los servicios disponibles en las zonas urbanas, difícilmente se podrá mantener la población en el territorio.

Un problema, en estos momentos, no se focaliza únicamente en los núcleos pequeños, algunos de los cuales son demográficamente «insalvables» para tener una estructura «inviable» a medio plazo, según el profesor de Geografía Humana de la UAB, Joaquín Recaño. «Ya no radica a los pueblos pequeños, por una metástasis ya afecta a las capitales comarcales que prestan servicios: no son atractivas a la inmigración y no retienen a sus jóvenes, es un problema generalizado: el capital humano no se acaba reinstalando. Los inmigrantes llegan o no se quedan porque sufren los factores de expulsión de los jóvenes», ha argumentado.

Algunos expertos como Recaño han apuntado que Cataluña no es una de las áreas más gravemente afectadas por el fenómeno en comparación con algunas regiones del Estado. Sin embargo, el secretario de Administraciones Locales, Miquel Àngel Escobar, ha reconocido la existencia de la dualidad entre la «metrópoli y territorio», también con respecto a los flujos de recursos, y ha apostado por superarla construyendo «una digiriera mucho más pensado como una red» más allá de las «coronas» en torno a Barcelona y su concepto de centralización. «También el territorio ha construido su imagen desde una zona de confort de la cual tendríamos que salir: ponemos en valor las propias necesidades y no tanto quizás la oferta de singularidad y aportación cabe a un sistema de red», ha añadido.

Partidario de «generar oportunidades de atracción en el territorio» más que del concepto tradicional de «fijar» población en los territorios, Escobar ha reconocido que la pandemia ha permitido hacer viable el interés por la calidad de vida de los entornos rurales con el desarrollo de la conectividad y las posibilidad del trabajo a distancia. En este sentido, ha abogado para que los jóvenes tengan la oportunidad de quedarse o marcharse de su territorio, al mismo tiempo que estas comarcas que ven desde hace años cómo se envejece su población puedan atraer gente». Propone asociar inversiones y propuestas de activación territorial.

Desde el mundo académico, las propuestas son diversas y abarcan diferentes ámbitos. En general, sin embargo, coinciden en recordar que el consenso político manifestado hasta ahora sobre el problema de la despoblación raramente se ha trasladado en iniciativas reales en el terreno práctico. Especialmente crítico se ha mostrado el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Burgos Fernando García-Moreno. «Es un problema grave de Estado que se habría tenido que asumir desde hace muchos años y no ahora, cuando ya es un proceso incipiente», ha asegurado, recordando que en su provincia han desaparecido más de 50 municipios desde mediados del siglo XX.

El impulso a la bioeconomía, el fomento de la emprendeduría social –aquella destinada, precisamente, a satisfacer los servicios sociales básicos de estas mismas zonas, como la atención a las personas mayores-, la instalación de centros multiservicios para evitar desplazamientos, el despliegue de Internet de banda ancha o fibra óptica, cajeros automáticos, agentes de desarrollo local municipales para acceder a ayudas se plantean como algunas de las experiencias concretas.

Se trata no sólo, sin embargo, de garantizar las condiciones estrictamente económicas para frenar el despoblamiento y favorecer que los jóvenes vivan en el territorio. «Las personas no sólo buscamos un trabajo, unas condiciones económicas: también un clima social y una serie de servicios. Las encuestas en la población más joven dicen que necesitamos algun atractivo cultural en el territorio. Cuando se pregunta si tendría trabajo se quedaría a vivir en el territorio, la respuesta de las juventudes no es tan evidente que sí: no es sólo un problema económico sino más amplio», ha sentenciado el profesor de Análisis Económico de la Universidad Jaime I de Castellón, Vicente Budí.
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