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Alguns dels penayts controlen la capacitat dels espais públics.

Unos 300 condenados a trabajos comunitarios hacen prevención de la covid en equipamientos públicos

Algunos de los penados controlan la capacidad de los espacios públicos.

Departament de Justícia

Unos 300 condenados a trabajos comunitarios hacen prevención de la covid en equipamientos públicos

En el 2020 bajaron un 19% los penados a trabajos en beneficio de la comunidad

Actualizada 26/01/2021 a las 14:37

Un total de 298 condenados a trabajos comunitarios cumplen la pena haciendo tareas de prevención de la covi-19. Controlan la capacidad de los espacios, están en los puntos de información y dispensan mascarillas y gel hidroalcohólico. Se trata de una iniciativa que el Área de Medidas Penales Alternativas del Departament de Justícia ofrece desde el verano a entidades y organismos colaboradores. En julio ya había 80 personas que cumplían la pena haciendo este tipo de tareas.
 
Los trabajos se hacen en un centenar de ayuntamientos, juzgados de todo el territorio, equipos de atención primaria de salud (EAPS), centros cívicos, clubs deportivos o bibliotecas, entre otros espacios. Las entidades y los organismos interesados en acoger penados que hagan trabajos de prevención de la covid-19 tienen que contactar con el Departament de Justícia a través de un buzón electrónico.


Papel clave de las entidades en la rehabilitación
La rehabilitación de los penados a trabajos comunitarios no es posible sin la colaboración de las entidades que trabajan con el Departament de Justícia. Son 1.825 entidades que ofrecen 5.100 plazas para personas condenadas a trabajos comunitarios. El año 2020 un total de 9.605 personas hicieron trabajos comunitarios. Esta cifra representa una disminución del 19% respecto del año 2019.

Perfil de los penados
Las personas que hacen trabajos en beneficio de la comunidad son condenados por delitos de tráfico en un 39% de los casos, un 20% por violencia de género, un 21% por lesiones y un 13% por delitos contra el patrimonio. Un 89% son hombres y un 11%, mujeres. Un 60% de los penados tienen entre 30 y 50 años.

Los trabajos comunitarios son medidas penales alternativas a la prisión que consisten en hacer una actividad no retribuida de interés público y social colaborando con entidades sin ánimo de lucro durante el número de horas y de jornadas que establece el juez. Esta modalidad de cumplimiento de la pena la puede imponer el juez como medida sustitutiva de otras penas impuestas inicial, o bien directamente como pena por la comisión de un delito. El Área de Medidas Penales Alternativas del Departament de Justícia hace el seguimiento de los penados a los trabajos comunitarios con el apoyo de las entidades.
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