Los firmantes de la carta lamentan tener que estar «más de 12 horas en un local cerrado» en «plena tercera ola» en contacto con «centenares de personas», con una franja horaria para «recibir positivos» y contactos estrechos en los cuales «la misma Administración» obliga a hacer cuarentena.
Recelan, también, de las medidas de seguridad que propone la Administración, como la distribución de EPI, o del hecho de que muchos locales serán los habituales de otras contiendas electorales, «pequeños» y «sin la ventilación necesaria».
Por todo ello consideran que están ante una situación «de alto riesgo» para su salud y la de sus familias «sin ningún tipo de defensa», y recuerdan que no presentarse a la mesa puede comportar «penas de prisión y multas bastante elevadas».
Delante de eso, los firmantes de la misiva opinan que las administraciones públicas infringen su «derecho fundamental» a la salud recogidos en la Constitución Española.
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