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Reunió de la Mesa de grups del Parlament sobre les eleccions del 14-F, en una imatge d'arxiu.

Mesa de grupos del Parlament, elecciones, 14-F

Reunión de la Mesa de grupos del Parlament sobre las elecciones del 14-F, en una imagen de archivo.

El «riesgo de cuestionar» el resultado sobrevuela las elecciones si se vota el 14-F

Una modificación del estado de alarma para incluir una cláusula electoral podría solucionar el aplazamiento de los comicios

Actualizada 21/01/2021 a las 09:32

Votar el 14-F es más arriesgado que el 30-M con respecto a la legitimidad del resultado electoral. Así lo apuntan a ACN varios expertos en Derecho y Ciencia Política, sobre la incertidumbre de las elecciones en el Parlament. El profesor de Derecho Constitucional de la UAB Josep Pagès afirma que los comicios están «bajo el riesgo de que el resultado pueda ser cuestionado», y que el 14-F podría comportar «afectaciones en la legitimidad» del desenlace electoral. En este sentido apunta, como posible solución y marco legal, que se modifique el real decreto de estado de alarma para incluir una cláusula que permita aplazar las elecciones. Por su parte, la profesora de Derecho de la UB Mar Aguilera remarca que la intervención y la incisión del TSJC tendría que ser «mínima».
 
En una línea parecida, el profesor de Ciencia Política de la UOC Marc Sanjaume subraya que sería «insólito» que el TSJC fijara la fecha electoral, y reitera que eso tiene que ser una decisión «consensuada» de la mesa de partidos y el Gobierno en funciones. El profesor de Derecho de la UPF Josep Lluís Martí sostiene que, si las elecciones se hacen el 14-F, habrá «problemas clarísimos de legitimidad y de derecho político de los votantes», ya que para estas fechas no se podría votar «con seguridad».


Así, Martí opina que los comicios se tendrían que aplazar para el 30-M, cuando seguramente no habría todos estos problemas de legitimidad de los resultados. E insiste en que votar a finales de mayo permitiría que hubiera «menos presión» encima de la libertad y la seguridad de la ciudadanía para votar. El profesor de la UPF, finalmente, reclama que se den más opciones de votar a las personas confinadas para minimizar el «impacto» sobre la legitimidad electoral.

El 14-F toma fuerza
Por su parte, Sanjaume advierte que las posibilidades que el TSJC mantenga el aval de los recursos son «bastante altas» y que, en este sentido, coge fuerza que las elecciones se tengan que celebrar el 14-F. El profesor de Ciencia Política en la UOC considera, además, que es «imposible» encontrar un escenario que no suscite ningún tipo de «riesgo», teniendo en cuenta la situación sanitaria. Eso sí, reitera que lo más conveniente es llegar a un consenso político.

Pagès también cree que las posibilidades que los recursos prosperen son «existentes». En este caso, se volvería a la «casilla de salida» y la ciudadanía votaría el 14-F, «bajo el riesgo de que el resultado pueda ser cuestionado». El profesor de la UAB asevera que, si una campaña alterada por la pandemia ya puede afectar al resultado, el peligro todavía es mayor si hay una «intervención importante» de los tribunales.

Por su parte, Aguilera manifiesta que la situación es de mucha «incertidumbre», porque hace falta proteger la salud, asegurar las garantías de las votaciones y, al mismo tiempo, no romper el ciclo electoral. La profesora de la UB concluye que las dos alternativas -votar el 14-F o el 30-M- son «malas».

Si se mantuviera la voluntad del Gobierno y de la mayoría de partidos de celebrar las elecciones el 30-M se rompe el ciclo electoral y se estropea el derecho al voto. Si, en cambio, el TSJC fija los comicios para el 14-F, da por hecho que muchas personas no podrán votar: «Los tribunales tienen que dirimir qué se tiene que hacer. Aunque lo más ideal sería que los políticos hubieran llegado a un acuerdo con consenso», concluye Aguilera.

Finalmente, Martí manifiesta que las elecciones se tienen que poder aplazar por causa mayor y que, en todo caso, hay que discutir si ahora mismo se está en una situación de excepcionalidad o no. El profesor de la UPF defiende que la legislación es «clara», y que si no se garantizan las condiciones de seguridad y libertad por cualquier causa «sobrevenida» hace falta poder aplazar los comicios.

Modificar el estado de alarma
Pagès apunta una alternativa que daría cobertura jurídica a la Generalitat y que permitiría al TSJC mantener el decreto que deroga la convocatoria del 14-F sin problemas. El profesor de Derecho Constitucional de la UAB sentencia que el gobierno español podría modificar el real decreto de estado de alarma para prever la posibilidad de que las autonomías pudieran desconvocar y volver a convocar unas elecciones.

Esta vía, según Pagès, haría que los jueces aceptaran la imposibilidad de realizar los comicios el 14-F. Ahora bien, el propio profesor reconoce que es un escenario «complicado», ya que por ahora ni la Moncloa prevé modificar el decreto, ni tampoco el Gobierno en funciones parece que tenga esta vía encima de la mesa.

Bayona apuesta por el 14-F
Por otra parte, el exletrado mayor del Parlament Antoni Bayona cree que hay «más probabilidades» que las elecciones se celebren el 14-F. En declaraciones de este miércoles a Rac1, el profesor de Derecho Administrativo de la UPF considera que el Gobierno en funciones tendría que haber optado por «paralizar el proceso electoral y volver a reactivarlo». Bayona también recuerda que si finalmente el TSJC suspende el decreto de aplazamiento electoral, el ejecutivo «puede dictar un nuevo decreto en unos términos diferentes».
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