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Elecciones 14-F
Pla general de la reunió de la Mesa de grups del Parlament sobre les eleccions del 14-F.

El aplazamiento de las elecciones del 14-F toma fuerza

Plano general de la reunión de la Mesa de grupos del Parlament sobre las elecciones del 14-F.

La falta de consenso podría dejar las elecciones del 14-F en manos de los jueces

Expertos recomiendan al Govern alegar que no se puede hacer con seguridad ni garantizar el voto de todo el mundo si quiere cambiar el día

Actualizada 14/01/2021 a las 15:51

La falta de consenso para aplazar las elecciones del 14-F podría dejar en manos de la justicia la fecha de los comicios. Expertos en derecho han explicado a ACN que el amplio consenso de los partidos daría fuerza al cambio de fecha electoral. En caso de que no se produzca el acuerdo unánime o que otros particulares aleguen que se les vulnera el derecho al sufragio, la decisión recaería en el TSJC o en el TC. La justicia tendría que determinar si se produce una situación de bastante mayor que obligue al aplazamiento electoral. Los expertos recomiendan que para garantizar el cambio de fecha, el Govern tendría que defender «sólidamente» que el proceso electoral no se puede hacer con garantías por los electores por la inexistencia de medios que permitan una votación segura.
 
La legislación no contempla el aplazamiento
Los expertos consultados por la Agència Catalana de Notícies (ACN) han explicado que la ley electoral estatal que rige en Cataluña no contempla la posibilidad de aplazar unas elecciones. Sin embargo, el precedente vivido en 2020 en Galicia y en el País Vasco donde se aplazaron sería útil a nivel jurídico.


Para el catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona (UB) y miembro de la comisión de asesoramiento del Síndico, Enoch Albertí, en el país se podría hacer el mismo que pasó en Galicia y en el País Vasco con las «mismas garantías» a pesar de no estar previsto por la ley.

El consenso de los partidos
Si bien no es determinante al 100%, la clave es el consenso de todos los actores políticos en la mesa de partidos que se celebra este viernes. Si los partidos no alcanzan el acuerdo y hay discrepancias en el aplazamiento, por el profesor titular en ciencia política de la Universitat de Barcelona (UB), Josep Maria Reniu, se podría producir el caso de que algunos actores denuncien la lesión del derecho a la participación política y actúen en la vía contenciosa jurídica contra el decreto de aplazamiento que aprobara el Govern.

Para Reniu se podría producir un callejón sin salida para que a pesar del acuerdo de la mayoría de actores políticos, la justicia tomara una resolución que fuera en contra del aplazamiento. Sin una legislación que contemple el cambio de fecha electoral, apunta que podrían entrar el «colisión» la defensa de la salud pública con el derecho a la participación política.

La argumentación del Govern 
Un partido político o un particular que quisiera recurrir el aplazamiento tendría que rebatir los argumentos dados por el Govern. En concreto, según han explicado los expertos, tendría que poner en duda la existencia de una fuerza mayor que justifique la decisión y denunciar una vulneración del derecho a la representación política o al sufragio activo y pasivo.

Por todo ello, los expertos consultados por ACN apuntan que el Govern tiene que justificar muy bien, en un decreto de aplazamiento, la fuerza mayor y acreditar que hay inexistencia efectiva de medios que permitan una votación segura y que no es posible celebrar el proceso con todas las garantías «democráticas». Este último caso para verse afectada la campaña electoral. «Defender claramente que no se dan las condiciones de seguridad y normalidad para convocar las elecciones y hacer campaña», ha apuntado el profesor de filosofía del derecho de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Josep Lluís Martí.

Uno de los argumentos básicos que se puede justificar es que el voto por correo se puede ejercer hasta 10 días antes de la votación. Eso provoca que personas contagiadas o contacto directo de un positivo días antes de las elecciones no podrían votar. Además, concluyen que la franja horaria de votación para personas positivas o sospechosas supondría romper confinamientos y poner en riesgo a la población.

Precisamente, han explicado que según cálculos hechos por la Generalitat eso afectaría a alrededor de 200.000 personas. Por eso, los expertos creen que el Govern puede alegar que no se puede dejar sin votar a tanta población al no tener medios alternativos al voto presencial.

El margen para forzar el 14-F
El profesor de filosofía del derecho Josep Lluís Martí ha constatado que las dudas legales en torno al aplazamiento se pueden producir sobre el procedimiento que hay que seguir para hacerlo y en sí se produce la causa mayor que lo avala.

A su vez, Enoch ha apuntado que existe margen para que algún partido quiera forzar que se hagan elecciones el 14-F. «Alguien podría discutir que como no está previsto por ley el aplazamiento, no se puede hacer», ha explicado.

El catedrático ha recordado, sin embargo, que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa apunta que en caso de emergencia está justificado suspender unas elecciones. «No se cierra la puerta de manera absoluta que se suspendan unas elecciones ya convocadas aunque no haya una previsión legal de hacerlo», ha defendido. La vía, pues, para forzar el 14-F sería que se alegara que aunque se pueda hacer un aplazamiento no se dan las circunstancias que lo justificarían.

Enoch ha indicado que el decreto de aplazamiento se tendría que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicía de Catalunya (TJSC), que podría llegar al Tribunal Constitucional (TC). Aunque se pidiera amparo al TC, Enoch ve «difícil» que en pocas semanas se puedan resolver los procesos con una resolución definitiva sobre la cuestión.

¿Cómo se podría impugnar el aplazamiento?
Según Martí, para impugnar el aplazamiento electoral, habría que buscar la «contradicción» del Govern. Defender que previamente en el decreto de aplazamiento había asegurado que estaba organizando las elecciones con medidas para hacerlo de forma segura.

Así, podrían apuntar que hasta ahora el ejecutivo catalán ha defendido que los comicios se pueden hacer de manera segura sin poner en riesgo la integridad. «Si se pueden hacer de forma segura, entonces no y la causa mayor para suspender o aplazar los comicios», ha analizado.

Finalmente, Martí ha argumentado que es «normal» que la última palabra del aplazamiento electoral la puedan tener los tribunales. «Tienen que validar que es una causa de bastante mayor y que no es una decisión que se ha tomado en abuso. Que no es el Govern a quien le conviene por razones electorales», ha concluido.
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