Cataluña cierra el año con unos 700.000 trabajadores en paro o con un ERTE

Cataluña cerrará este 2020 con más de 484.000 parados y 200.000 trabajadores en una especie de coma laboral inducido por los ERTE, la herramienta de trabajo utilizada para afrontar la pandemia, a la espera de que las vacunas resuciten la actividad el año que viene en ámbitos claves como el turismo.

La crisis de la covid-19 ha sacudido el mercado laboral catalán, que ha visto cómo el desempleo crecía en tasa anual hasta noviembre un 24% -casi 95.000 trabajadores más-, a falta de conocer el paro registrado este diciembre, que todo apunta que subirá todavía un poco más.

Esta cifra no incluye a los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), que no constan como parados porque cotizan.

Así, a la lista de damnificados de la covid-19 habría que añadir a los 196.359 trabajadores que se encontraban en noviembre en esta especie de paro temporal y que los sindicatos aseguran que se elevarán algunas decenas de miles por encima de los 200.000 al acabar este mes.

Después de la debacle de los primeros meses y la mejora que llegó con la desescalada de la primera ola de la covid-19, la segunda ha vuelto a impactar con fuerza en sectores como la restauración, el comercio y las actividades turísticas a causa de las restricciones impuestas por el Gobierno para contener la propagación del virus.

Como consecuencia, la cifra de afectados por un ERTE creció sólo de octubre a noviembre en 72.000 personas y ahora se sitúa en estos casi 200.000.

La secretaria de política sindical de la UGT de Cataluña, Núria Gilgado, estima, en declaraciones a EFE, que las restricciones en la restauración y comercios aprobadas este diciembre provocarán un repunte del paro y de los afectados por ERTE. «Con las franjas horarias impuestas en bares y restaurantes la mitad de las plantillas ya no serán necesarias», advierte.

Según los datos de la afiliación en la Seguridad Social, en Cataluña se han destruido ya hasta noviembre en relación al mismo mes del año anterior 83.933 puestos de trabajo.

Detrás de las cifras se esconden circunstancias que empujan a la precariedad a miles de trabajadores como son los retrasos en el cobro de las prestaciones de desempleo a causa del colapso del SEPE, un servicio que depende del Gobierno central.

Un dato que da idea de la avalancha de trabajo que se les ha caído encima: desde abril en Cataluña se han tramitado más de 1,1 millones de altas iniciales de prestaciones contributivas vinculadas a la covid-19.

Aunque la situación ha mejorado mucho desde la primavera y el verano, cuando eran muchos millares los trabajadores que no cobraban sus prestaciones, Gilgado insiste en que hay personas que todavía no han recibido ni un euro de su ERTE desde junio o julio, y es casi imposible acceder al SEPE por teléfono o de manera presencial.

«Antes la situación era catastrófica. Ahora ha mejorado pero todavía no está normalizada», ha comentado.

Un poco más de 169.000 trabajadores estaban en noviembre con un ERTE desde el principio de la pandemia, y la mayoría formaba parte de plantillas de hoteles y establecimientos que no han podido abrir.

Otra muestra de la desesperación que vive una parte del tejido productivo catalán es la tromba de autónomos que solicitaron la primera ayuda diseñada para ellos por la Generalitat y que colapsó un sistema no preparado para una gestión de estas dimensiones.

El caos de estas ayudas (de sólo 20 millones) comportó la destitución de la cúpula del departamento de Treball y destituyó a su conseller, Chakir el Homrani, mientras el Gobierno tuvo que rectificar y cambió la gestión con una nueva línea de hasta 232 millones, para beneficiar a 132.000 autónomos, que han cobrado 2.000 euros.

La persistencia de la crisis y la incertidumbre sobre cómo de rápida será la recuperación, una vez lleguen las anheladas vacunas, han llevado los economistas y analistas a advertir que el mercado de trabajo catalán tardará, al menos, hasta finales de 2022 o principios de 2023 a volver a la situación anterior a la pandemia.

Informes como el del BBVA Research apuntan además que en dos años, de finales de 2019 a finales de 2021, se habrán perdido definitivamente en Cataluña un total de 85.000 puestos de trabajo.

Según este observatorio, el impacto de la crisis ha sido heterogéneo en el territorio y las comarcas más afectadas han sido las de Geirona, las de montaña y el Camp de Tarragona, con caídas de afiliación superiores al 4%. Esta pérdida es inferior (cerca de 1%) en las zonas menos pobladas y menos dependientes del turismo, como las centrales y Pla de Lleida (-1,3%) y las Terres de l'Ebre (-0,8%).

Este año convulso ha visto también una de las mayores crisis industriales de los últimos tiempos en Cataluña al anunciar la multinacional japonesa Nissan el cierre de sus centros de automoción en Barcelona, que dan trabajo a unos 2.500 trabajadores, aunque su afectación al empleo|ocupación en este sector puede ser bastante grande.

El cierre, que la presión de los sindicatos y administraciones ha conseguido dilatar hasta finales de 2021 mientras se estudian planes|planos de industrialización alternativos, supone una estocada para el sector de la automoción, uno de los más importantes de Cataluña y España, y que afronta retos como la transición energética y el electromobilitat.