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El Gobierno alquilará entre 1.300 y 1.500 pisos para realojar familias vulnerables

Se otorgará a las personas que se encuentran en lista de espera para acceder a una vivienda social

Imagen de la calle Marquès de Montoliu.

La Semana Santa cierra con dos robos en pisos de la zona de Marquès de MontoliuCristina Aguilar

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El Gobierno se propone alquilar entre 1.300 y 1.500 pisos durante el año que viene para realojar parte de las 1.700 familias vulnerables en lista de espera en las mesas de emergencia de la vivienda aunque tienen un informe favorable con el programa Reallotgem.cat, que contará con 21 millones de euros de presupuesto. La Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) firmará un contrato de alquiler con el propietario y pagará 18 meses de renta por adelantado, según ha explicado el conseller de Territori, Damià Calvet. El importe del alquiler surgirá de aplicar la nueva ley de regulación de precios. Las familias que reciban el piso quedarán en cesión de uso y pagarán un alquiler social. El Gobierno remunerará la captación por parte de los ayuntamientos, con 450 euros por piso encontrado.

En Cataluña, hay 1.700 personas pendientes de recibir un piso social aunque han recibido un informe favorable de las mesas de emergencias pero todavía «no se les ha podido encontrar un piso», aunque se encuentran con una situación especialmente vulnerable que se ha agravado durante la pandemia, ha dicho Calvet. «Entendemos este programa como una medida de choque que quiere ayudar a agilizar las listas de espera de familias que todavía no han recibido el piso al qué tienen derecho», ha añadido el titular de TerritoriiSostenibilitat, que ha destacado que el hecho de que la AHC firme el contrato directamente con los propietarios de los pisos privados y pague por adelantado 18 meses de renta «es garantía de éxito» del programa. Además, Calvet ha dicho que espera que «el problema que tenemos con las mesas de emergencia se solucione durante el 2021».

Los ayuntamientos serán los encargados de encontrar los pisos y convencer a la propiedad para que firme un contrato con la Agència de l'Habitatge, un trabajo que el Gobierno «compensará» con 450 euros por vivienda captada y 250 euros por aparthotel encontrado, ya que este tipo de viviendas también entran en el programa «como medida transitoria». Los apartamentos alquilados por la Generalitat tendrán que tener una cédula de habitabilidad, estar con condiciones de ser ocupados de manera inminente, tener una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados.

En el caso de los aparthoteles, tendrán que ser de 24 metros cuadrados y disponer de un equipamiento de cocina. Una vez se haya llegadoa un acuerdo, se formalizará el contrato de arrendamiento con el propietario que han encontrado los consistorios con una duración mínima de cinco años o de siete, si es persona jurídica. En el momento de la firma, el Gobierno abonará el importe correspondiente a 18 meses por adelantado, una medida que quiere «aumentar la liquidez de los propietarios», según Calvet. Una vezpasado este periodo, el resto de cuotas se abonarán mensualmente.

Después de firmar, la Agència de l'Habitatge de Catalunya adjudicará el piso a la familia «que considere más idónea» en todos los casos menos en los municipios que cuentan con una mesa de emergencia propia y será el mismo ayuntamiento a quien decida. Las once ciudades catalanas que cuentan con este servicio - Barcelona, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Sant Adrià del Besós, Lleida, Sabadell, Terrassa, Vic y Sant Cugat del Vallès- recibirán el 39% de la inversión total. El 61% restante se distribuirá a través de la AHC.

El director de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, ha asegurado que el número total de pisos que alquilará el Gobierno –entre 1.300 y 1.500– dependerá de la captación de los ayuntamientos y que las viviendas sean más o menos baratos. «Si encontramos más asequibles, podremos tener más», ha dicho.

Los ayuntamientos interesados tendrán que notificar a la Generalitat que quieren participar en el programa antes del 31 de diciembre. El Departamentde Territoriespera que los consistorios «reciban con satisfacción» esta iniciativa que remunerará a sus servicios, dará seguridad a los propietarios y ayudará a agilizar las listas de espera.

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