Uno de los fraudes más extendidos es el caso de las empresas que presentaron un expediente de reducción de jornada a pesar de forzar la plantilla a trabajar a jornada completa. También se han descubierto compañías que han contratado empleados para sustituir a los afectados por ERTE.
El Ministerio de Trabajo creó una unidad de gestión específica para hacer frente a las incidencias que la covid-19 provoque en el mercado laboral y diseñó una campaña de detección de fraudes para revisar los centenares de miles de ERTE presentados.
En Cataluña, los inspectores de trabajo han abierto 3.193 investigaciones, de las cuales 1.141 ya han acabado.
En total, el cuerpo investiga 30.000 empresas a todo el Estado y ya ha detectado 1.755 infracciones relacionadas con ERTE ilícitos. Las multas interpuestas en empresas españolas desde el inicio de la campaña se suben a los 8 millones de euros.
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