Diari Més

La Fiscalía recorre al Supremo el tercer grado de los siete presos porque «no reconocen el delito»

«No se puede transmitir a la sociedad que puede quedar impune haber convertido la propia voluntad en ley», argumenta

Los presos independentistas antes de entrar en Lledoners. Imagen del 28 de julio del 2020.

presos independentistas, AlmecesACN

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La fiscalía ha presentado al Tribunal Supremo un recurso contra el tercer grado de los siete presos que concedió el Departamentde Justícia y que avaló la jueza de vigilancia penitenciaria la semana pasada. El fiscal indica que «no reconocen el delito» y expone que «no se puede transmitir a la sociedad que puede quedar impune haber convertido la propia voluntad en ley fuera de la legalidad legalmente establecida, ya que la legalidad es una condición necesaria para la existencia de la libertad política y esta sólo es posible cuando la ley precede la acción». El recurso es contra el tercer grado para Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

El fiscal considera que «no se pueden dar por cumplidos» los fines de la reeducación y resocialización, con respecto a «hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal». Argumenta que «la mayoría no reconocen la comisión delictiva y no asumen su responsabilidad».

En los escritos insiste reiteradamente en «la manifestación de algunos de su voluntad de volver a hacerlo» como una de las «circunstancias que permiten inferir una política penitenciaria dirigida no tanto a su rehabilitación sino directamente al objetivo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».

La jueza de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña desestimó la semana pasada el recurso de la Fiscalía contra el tercer grado. Añadía que la suspensión del tercer grado se tiene que mantener hasta que el Tribunal Supremo resuelva de manera definitiva los recursos de apelación presentados.

«No encontramos elementos objetivos que nos lleven a un pronóstico negativo del uso del permiso de salida», indicaba en cada una de las siete resoluciones. Decía que los argumentos de la Fiscalía eran «sesgados» y que se basaba en principios «propios de un sistema decimonónico».

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