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L'expresident del Barça, Sandro Rosell, al banc dels acusats al judici per blanqueig de capitals i organització criminal.

El expresidente del Barça, Sandro Rosell, en el banquillo de los acusados en el juicio or blanqueo de capitales y organización criminal.

El expresidente del Barça, Sandro Rosell, en el banquillo de los acusados en el juicio or blanqueo de capitales y organización criminal.

Rosell reclama al Estado más de 29 MEUR por los dos años en prisión preventiva

El expresidente del Barça interpone una demanda de responsabilidad patrimonial

Actualizada 10/07/2020 a las 11:17

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha interpuesto una demanda de responsabilidad patrimonial para reclamar al Estado más de 29 MEUR por los dos años en prisión preventiva, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado ACN. Rosell fue finalmente juzgado y absuelto por blanqueo de capitales. En marzo, Rosell ya interpuso una querella contra la magistrada que lo mantuvo en prisión preventiva, Carmen Lamela, y ya anunció que ultimaba la demanda contra el Estado. Una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) abrió la puerta en la indemnización de personas que habían sido encarceladas y después absueltas.
 
Según un comunicado de la defensa, la demanda se presenta por la «indebida» prisión preventiva contra durante 645 días. La reclamación total de Rosell asciende a 29.754.465,02 euros. De estos, 405.000 euros son por daño reputacional, 200.000 por daño psicológico y 320.000 por daño afectivo. Se suman 28.062.950 euros por lucro cesante derivado de la pérdida de negocios y 766.465,02 euros correspondientes a gastos derivados de la situación de prisión.


La demanda basa sus cálculos en un informe pericial de un catedrático en Economia de l'Empresa y se han establecido «con rigor, asumiendo criterios jurisprudenciales actuales y con prudencia, declinando reclamar por aquellos conceptos indeminitzatoris que no reúnan los requisitos formales».

Según el comunicado, Rosell desea en todo momento evitar que las conductas «antijurídicas» de servidores públicos repercutan negativamente en los contribuyentes y por eso reclama que sean estos servidores los que con su patrimonio personal lo indemnicen.

Por otra parte, el gestor andorrano Joan Besolí ha interpuesto también una pedida con los mismos argumentos en la que reclama una indemnización de 2.152.924 euros. De estos, 200.000 por daño reputacional, 360.000 por el afectivo y 1 millón por el psicológico. Sobre este último aspecto, la defensa ha recordado que el hijo de Besolí quedó en silla de ruedas cuando él ingresó en prisión y no pudo visitarlo hasta «muchos meses después». En concepto de daño emergente por los gastos derivados del encarcelamiento reclamaba 212.924 euros y por la pérdida de ingresos 400.000 euros.
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