Diari Més

La fiscalía rebaja la acusación a Trapero, Cèsar Puig y Pere Soler

Al mayor de los Mossos le pide 10 años de prisión, pero con la alternativa de desobediencia

El mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana), el exdirector Pere Soler, y el ex-secretario general de Interior César Puig durante el inicio del juicio en la cúpula de Interior el 20 de enero del 2020.

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La fiscalía ha rebajado este lunes la petición de pena para el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y ha pasado de pedir 11 años de prisión e inhabilitación por rebelión a 10 por sedición por los hechos del 1-O, en la línea de la condena del Tribunal Supremo a los líderes independentistas. Alternativamente, plantea un delito de desobediencia, con una inhabilitación de un año y ocho meses y 60.000 euros de multa. Las mismas penas pide para elexsecretario general de la Consellería de Interior Cèsar Puig y el exdirector general de los Mossos Pere Soler. Para la intendente Teresa Laplana mantiene la petición de 4 años de prisión por sedición o, alternativamente, un año de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobediencia.

En una breve sesión hecha a distancia, con el tribunal y la fiscalía a la Audiencia Nacional de Madrid y los acusados y las defensas a la Audiencia de Barcelona, el fiscal ha dicho que mantenía básicamente todo el relato de hechos del escrito de acusación inicial, excepto algunos detalles que se adaptan a la sentencia del Supremo.

Así, el fiscal Miguel Ángel Carballo ha dicho que se tiene que basar en la sentencia del Supremo para rebajar de rebelión a sedición, a pesar de que la pena de prisión solo la rebaja de once a diez años de prisión y los mismos años de inhabilitación. Para Laplana, mantiene la petición de cuatro años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación por sedición, al considerarla que no lideraba la actuación, sino que era una subalterna.

Alternativamente, pero, y por si el tribunal no ve demostrada ni tanto solo la sedición, la fiscalía ofrece la posibilidad alternativa de condenar por el delito de desobediencia: un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público o electo para Trapero, Puig y Soler, además de 60.000 euros de multa; y un año de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Laplana.

El juicio a la Audiencia Nacional se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus el 13 de marzo. La Audiencia Nacional ha fijado también para el próximo lunes, 15 de junio, el anuncio de las conclusiones definitivas de las defensas y el informe del fiscal. Para el martes 16 y miércoles 17 se prevén los informes de las defensas y el turno de última palabra de los cuatro acusados. Las últimas tres sesiones tendrán lugar en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, donde se hicieron todas las sesiones excepto las tres últimas, mucho más amplia que la del centro de la capital española, y ya estarán presentes todos los abogados y acusados.

Las defensas ya han avanzado que mantendrán sus conclusiones definitivas en cuanto a la petición de absolución, pero también introducirán algún matiz en el relato de hechos según las pruebas practicadas durante el juicio.

Al salir de la Audiencia de Barcelona, Olga Tubau, abogada de Trapero y Laplana, ha dicho que la rebaja de petición de la fiscalía, incluyendo una alternativa sin prisión, es «objetivamente una buena noticia» y «da tranquilidad», «rebela que la fiscalía tiene dudas serias que el tribunal pueda condenar por sedición después del juicio» y «evidencia, ahora sí de forma verbalizada, que el juicio no ha aportado suficientes elementos porque se pueda afirmar con contundencia y sin ninguna fisura que se tiene que condenar por sedición». Sin embargo, ha querido remarcar que la inhabilitación por desobediencia también es grave para dos policías.

Tubau ha dicho que ya durante el juicio se vio que los interrogatorios de la fiscalía no introducían en ningún momento el elemento de violencia que requiere el delito de rebelión, y ahora se ha confirmado. También ha recordado que a pesar de que el Supremo haya calificado los hechos del 20-S y 1-O como delito de sedición, la Audiencia Nacional tiene que demostrar que había un «concierto de voluntades» entre Trapero, Laplana, Puig y Soler y los condenados en el Supremo.

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