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La fiscalía mantiene abiertas 32 diligencias penales por la gestión de la covid-19 en residencias

El ministerio público archiva seis seguimientos en el ámbito civil porque no hay ningún residente en situación de desamparo

Dos empleados sacan un cadáver

La Fiscalía de Tarragona ordena investigar la residencia Nostrallar dels PallaresosACN

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La fiscalía mantiene abiertas 32 diligencias penales en Cataluña por la gestión de la covid-19 en residencias. Con respecto a la semana pasada, se han sumado dos, una por parte de la fiscalía del área de Granollers y otra por la de Mataró. La mayoría son diligencias para investigar una residencias, pero algunas responden a denuncias presentadas por familiares de diferentes centros, por una agrupación de afectados o a raíz de una comunicación recibida por parte de la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención en la Dependencia. En el ámbito civil, el ministerio público hace el seguimiento de casi 80 centros, pero en la última semana se ha archivado seis al constatar que no hay ningún residente en situación de desamparo.
Con datos del 25 de mayo, a todo el Estado se mantienen abiertas 171 diligencias en el ámbito penal en relación en residencias, y 190 en el ámbito civil para hacer el seguimiento en el ámbito de la protección de las personas usuarias.

La Fiscalía Provincial de Barcelona mantiene 16 diligencias penales abiertas. Entre estas, hay una poruna denuncia presentada por un particular contra la administración; otra por una denuncia interpuesta por familiares de diferentes residencias geriátricas, y una denuncia presentada por una agrupación de afectados por|para la covid-19. También se han incoado diligencias penales después de recibir una comunicación por parte del registro civil de Sant Boi Llobregat por defunciones en cuatro residencias, y otra a raíz de una comunicación de la Agrupación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención en la Dependencia (ASCAD).

La fiscalía del área de Granollers tiene abiertas cinco diligencias penales, cuatro correspondientes a residencias y una quinta incoada después de la denuncia de un particular contra personal sanitario de una residencia.

En el área de Sabadell hay abiertas cinco diligencias; en la de Terrassa, una y se ha archivado otra; en la de Mataró, tres; en la de Manresa-Igualada, una, y en la Fiscalía Provincial de Tarragona, otra, mientras las fiscalías provinciales de Lleida y Girona no han abierto diligencias penales. Por otra parte, la fiscalía del área de Vilanova i la Geltrú-Gavà archivó una.

Seis archivos en el ámbito civil

Con respecto al ámbito civil, la fiscalía tiene abiertas un total de 77 diligencias de seguimiento. Con respecto a la semana pasada, se han archivado seis diligencias que estaban abiertas a la fiscalía del área de Mataró-Arenys de Mar. Según informa la fiscalía general del Estado, después de recibir la documentación semanal remitida por la Generalitat, el ministerio público ha constatado que la situación de estas residencias está bajo control de la administración catalana y que no existe ningún residente en situación de desamparo.

La Fiscalía Provincial de Barcelona mantiene abierta una diligencia que incluye el seguimiento de dieciséis residencias, una más que hace una semana. La de Granollers hace el seguimiento de siete; la de Vilanova i la Geltrú-Gavà, de trece; la de Sabadell, de 24, y la de Terrassa, doce

La Fiscalía Provincial de Tarragona hace el seguimiento en el ámbito civil de dos residencias, la de Girona tiene abierta una diligencias genérica de seguimiento de residencias, y la de Lleida archivó una que se había abierto por posible contagio de residentes en un centro porqueno se apreció ninguna conducta negligente.

Procedimientos judiciales

Con respecto a procedimientos judiciales, continúan abiertos los tres de los que ya tenía constancia la fiscalía. Dos se mantienen abiertos a los juzgados de Sabadell, una de ellas por desatención y falta de tratamiento, y otra en los de Cerdanyola del Vallès, porlos presuntos delitos de falsedad en documento oficial y omisión del deber de socorro.

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