La ayuda de 6.000 euros por escolarizar en castellano anulada por el TC acaba costando al Estado 1,6 MEUR

El gobierno español ha aprobado este viernes dos acuerdos para compensar las familias que se acogieron a la ayuda de 6.000 euros por alumno para escolarizar a sus hijos a escuelas privadas que ofrecieran educación en castellano como lengua vehicular.

En febrero del 2018 el Tribunal Constitucional declaró nula esta parte de la LOMCE y ahora, según consta a la referencia del Consejo de Ministros, el ejecutivo español en funciones «indemniza a las familias que se acogieron a este sistema antes de que se anulara».

En concreto, el Estado pagará 810.111 euros a las familias de 171 estudiantes del curso 2017/2018 por «los gastos ocasionados por la escolarización en castellano en centros privados», según consta a la referencia del Consejo de Ministros. Estos 171 estudiantes suponen un 0,021% de los alumnos escolarizados aquel curso en Cataluña, según las cifras que aporta el propio ejecutivo español. También reconoce el pago ya efectuado de 861.537 euros de los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

Con este acuerdo, el Consejo de Ministros declara «la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado con respecto a los gastos de escolarización en castellano en centros privados a comunidades autónomas con lengua cooficial y declarados inconstitucionales en febrero del 2018 y en marzo de aquel mismo año».

Por este motivo, en más del gasto de 810.111 euros que ahora recibirán a estas familias, en otro acuerdo «acredita el que ya abonó el gobierno central a las familias en relación a los gastos ocasionadas por el mismo motivo a 172 estudiantes» durante los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017. Son 861.537 euros más que recibieron a las familias de cinco estudiantes de la Comunidad Valenciana y 167 de Cataluña.

El ejecutivo español asegura que los dos acuerdos responden «al cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y los efectos que se derivan» y por lo tanto se hace cargo de «los gastos que pueden quedar para abonar a estas familias» y reconoce «las que ya se reembolsaron, porque todos los casos reunían los requisitos que marcaba la ley».