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Hisenda prevé ahora desbloquear los más de 800 MEUR que debe a la Generalitat

El ministerio liderado por Maria Jesús Montero afirma que pagará los 4.500 MEUR a las comunidades autónomas gracias a una «rendija legal» por la convocatoria electoral

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en una atención a los medios en el Congreso Mundial de Zonas Francas en Feria de Barcelona, el 27 de junio.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en una atención a los medios en el Congreso Mundial de Zonas Francas en Feria de Barcelona, el 27 de junio.ACN

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El ministerio de Hacienda desbloqueará finalmente los 4.500 MEUR de los adelantos del 2019 que debe a las comunidades autónomas, 800 de los cuales sólo a la Generalitat. La convocatoria electoral habría abierto una «rendija legal» para así pagar antes de finales de mes y no desobedecer el informe de la abogacía del Estado, según ha adelantado el diario 'El País'. El ministerio liderado por Maria Jesús Montero considera ahora que –con las elecciones a la vista- se puede actualizar la financiación porque habrá gobierno en funciones hasta finales del 2019 o principios del 2020 y, por lo tanto, no condicionará al próximo ocupante de la Moncloa. «Engaño tras engaño. Ministros que afirman tener informes que no tienen; chantajes porque 'hasta que no haya Gobierno' no pueden pagar; ¡y ahora aparece una rendija!, milagrosamente, al empezar la campaña electoral. Vergüenza, caballeros, vergüenza,» ha tuiteado el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

«Se demuestra que teníamos y tenemos razón al denunciar el gobierno español por retener irregularmente lo que nos corresponde. Mantendremos la demanda presentada hasta que no llegue hasta el último euro», ha comentado también a su perfil de Twitter el vicepresidente del Gobierno y conseller de Economía, Pere Aragonès. De hecho, los más de 800 MEUR retenidos a la Generalitat –correspondientes a la recaudación del IRPF, el IVA y los impuestos especiales durante el 2019- comportaban un cierre de caja y un recorte del 6% del presupuesto del Gobierno. Ahora, con las elecciones generales del 10 de noviembre, el ejecutivo de Pedro Sánchez considera que ha encontrado «la rendija legal» para desencallar la situación sin contradecir el informe de la abogacía del Estado, que impedía liberar estos fondos a un gobierno en funciones.

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