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La fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación para Torra por desobediencia

También reclama una multa de 30.000 euros por no hacer caso a la JEC sobre los lazos amarillos

El presidente Torra, con su mujer y sus abogados, a la salida del TSJC después de declarar.

El presidente Torra, con su mujer y sus abogados, a la salida del TSJC después de declarar.ACN

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La fiscalía pide una pena de un año y ocho meses de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de desobediencia a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) sobre los lazos amarillos y pancartas colgadas en los edificios de la Generalitat en campaña electoral. También reclama una multa de 30.000 euros para él. El fiscal constata que Torra decidió desatender la primera instrucción de la JEC a pesar de su «claridad», presentando un escrito de reconsideración «aparentemente improcedente» porque la resolución era firme. Asimismo, añade que «desatendió abiertamente» un segundo pronunciamiento y «evidenció su menosprecio a acatar la orden» sustituyendo la pancarta con el lazo amarillo por otra igual con un lazo blanco.

En su escrito de calificación, el fiscal argumenta que Torra decidió desatender la primera instrucción de la JEC «a pesar de ser conocedor que la misma era firme en vía administrativa y que tenía que proceder sin excusa ni pretexto a su estricto cumplimiento».

Antes de que venciera el plazo, apunta que presentó un escrito donde pedía una reconsideración, a pesar de saber que era una decisión firme. A pesar de eso, la JEC lo atendió y anunció que tomaría una nueva decisión días después. La fiscalía observación en este punto que Torra manifestó en una aparición pública en Tarragona que se negaba a retirar los símbolos del Palau de la Generalitat.

Después de que la JEC lo volviera a instar a retirar los lazos amarillos y lo avisara de que podría tener consecuencias administrativas y penales si no lo hacía, Torra presentó un nuevo escrito pidiendo la suspensión del acuerdo apuntando que esperaba conocer la opinión del Síndic de Greuges. El fiscal remarca que la opinión del defensor, en este caso, «resultaba intranscendente cuanto no inútil». Además, apunta que Torra la tuvo ya días antes y que la recomendació era atender el requerimiento de la JEC.

La junta, igualmente, respondió a Torra que no suspendía el acuerdo. El Govern confirmó a los medios que no retiraría los símbolos, continúa la fiscalía, con una nota de prensa donde apuntaba que no se había dado ninguna orden como la que exigía la JEC. Finalmente, remarca que el 21 de marzo, «evidenciando el menosprecio a acatar el orden», sustituyó en el balcón del Palau de la Generalitat la pancarta con el lazo amarillo «por otra idéntica con el lazo en color blanco».

La JEC hizo un requerimiento entonces al conseller de Interior para que los Mossos d'Esquadra descolgaran todos los símbolos, vista la «contumacia» que había demostrado el presidente de la Generalitat.

La fiscalía pide la multa pero también la inhabilitación durante un año y ocho meses para el ejercicio de cargos públicos electos, ya sean de ámbito local, autonómico, estatal o europeo, así como para el ejercicio de funciones de gobierno de cualquier tipo. La inhabilitación comportaría también la privación de estos trabajos o cargos pero también de los honores que llevan aparejados.

Torra: «Hace falta volver a ejercer y defender cada derecho negado»

Ante la petición de la Fiscalía, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido que «hace falta volver a ejercer y defender cada derecho negado». En una publicación en Twitter, el jefe del Govern ha acompañado su comentario con la frase pronunciada por el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, a la última sesión del juicio del 1-O, 'ho tornarem a fer'.

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