El abogado de Mundó dice que los consellers sabían que el acuerdo del 6 de septiembre no se ejecutaría

El abogado de Carles Mundó, Josep Riba, ha asegurado este martes por la tarde que todos los consellers sabían que los decretos y acuerdos del 6 de septiembre del 2017 para sacar adelante el referéndum del 1-O no «se ejecutarían» porque no eran constitucionales, serían anulados casi inmediatamente y no habría tiempo de tramitar ninguno de los contratos previstos, ni tan sólo los contratos menores. En su informe final, Riba ha dicho que el exconseller de Justícia no cometió el delito de desobediencia porque no hizo nada después de la advertencia del 7 de septiembre del 2017 del Tribunal Constitucional (TC), e incluso ordenó a sus subordinados no hacer ningún gasto para el referéndum. Así, tampoco cometió ningún delito de malversación porque el único gasto que se podría atribuir a Justícia, unas facturas pro forma de Unipost, no se llegó a hacer porque el servicio no se prestó, y por lo tanto, citando las peritos de Hacienda, no hubo perjuicio por el erario público.

Mundó está acusado de desobediencia y malversación de fondos públicos. Riba ha dedicado unos minutos al principio de su intervención a rechazar la desobediencia. Así, ha asegurado que de todas las notificaciones del TC a Mundó, ninguno afectaba a sus competencias como conseller, excepto la del 7 de septiembre respecto de los acuerdos y decretos del 6 de septiembre. Tampoco era diputado y por lo tanto no podía legislar. Cuando recibió aquella notificación, Mundó ya no hizo nada más para aplicar los acuerdos y ordenó a sus subordinados que no hicieran ningún gasto relacionado con el 1-O. Tampoco se cedió ningún local para las votaciones.

Pero Riba ha ido más allá, cuando ha asegurado que todos los consellers eran conscientes de que no podrían sacar adelante aquellos acuerdos porque serían anulados por el TC y porque no había tiempo de ejecutarlos. De hecho, ha recordado que la Abogacía del estado admitió que el acuerdo era un «acto representativo y político» y Riba cree que tampoco se dan las circunstancias para condenar Mundó por conspiración ni tentativa, ya que habría habido un desistimiento voluntario.

Sobre la malversación, Riba ha recordado que los gastos por los que la fiscalía acusa el Gobierno de Puigdemont son muy similares a los del 9-N. En aquella ocasión, la fiscalía, por decisión de la junta de fiscales de Cataluña, no acusó por malversación, sólo lo hizo Vox, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no vio indicios penales y no juzgó a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por este delito. Por eso, Riba considera que ahora no es justo juzgarlos por unos hechos similares a los del 9-N. Respecto de la responsabilidad contable, que el Tribunal de Cuentas sí reclama a Mas, Ortega, Rigau, Francesc Homs y otros altos cargos, el abogado recuerda que la responsabilidad no se extendió a otros consellers. Por eso, dice que si la responsabilidad contable y la penal de los departamentos que hicieron gastos concretos para el 9-N no se pueden solidarizar en el resto de departamentos, tampoco se puede hacer por el 1-O.

De hecho, según Riba, no se puede ni condenar Mundó por «comisión por omisión» por no impedir los gastos de otros departamentos, ya que no tenía posición de garante sobre los gastos de otras consejerías. También ha dicho que Mundó y los otros consellers creían que su actuación se adecuaba a la legalidad penal y contable, teniendo en cuenta los antecedentes del 9-N.

En concreto, Riba ha explicado que la distribución de documentación electoral por parte de Unipost no se llegó a hacer y, por lo tanto, no se perjudicó el erario público, según dijeron las peritos de Hacienda. De hecho, sólo se hizo el encargo parcial, una «mera autoritzación», pero no se hizo la reserva concreta de presupuesto ni crédito. Aparte de la documentación decomisada en las sedes de Unipost para los miembros de las mesas, también se encargó el envío de tarjetas censales a los electores, pero no se llegaron a enviar, recordando que ningún testigo ha dicho que la recibiera.

Riba ha asegurado que Unipost decidió no hacer los envíos antes de que entrara la Guardia Civil, ya que no tenían ningún encargo concreto. Además, el abogado ha recordado que el administrador concursal no reclama ninguna deuda a la Generalitat.

Sobre las cinco facturas pro forma de cinco consejerías, que sumaban un millón de euros en total, ha dicho que no se pueden contabilizar porque eran «borradores de facturas, un presupuesto que no se podría aceptar como documento válido en una inspección», ya que no constaba la fecha de prestación del servicio.