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Juicio 1-O
Imatge del fiscal Jaime Moreno durant un interrogatori en el judici de l'1-O al Suprem.

Imagen del fiscal Jaime Moreno durante un interrogatorio en el juicio del 1-O en el Supremo.

Imagen del fiscal Jaime Moreno durante un interrogatorio en el juicio del 1-O en el Supremo.

La fiscalía reprocha a los acusados haber «incitado» a la ciudadanía y «hacer llamamientos» a enfrentarse a la policía española el 1-O

El ministerio público remarca que Trapero advirtió que podía producirse un «resultado fatal» si se mantenía la votación

Actualizada 04/06/2019 a las 12:51

La fiscalía ha reprochado a los acusados por rebelión «haber exaltado e incitado» la ciudadanía a ir los colegios el 1-O para «enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». Según sostiene el fiscal Jaime Moreno en la fase del informe final, eso supone un «elemento más» para sostener la rebelión. Eso se suma, según la tesis del ministerio público, al hecho de que mantuvieran la convocatoria del referéndum a pesar de las advertencias del mayor Josep Lluís Trapero y varios comisarios del cuerpo. Según Moreno, los acusados eran «conscientes» de que habría incidentes violentos el 1-O si se mantenía la votación y, sin embargo, no desconvocaron el referéndum. Además, cree que la advertencia de Trapero era porque preveía que se produjera «un resultado fatal, que al final afortunadamente no se produjo». Por lo tanto, considera que los acusados por rebelión hicieron llamamientos a «enfrentarse» a la policía. Y este elemento es el que hace que sí acusen por rebelión nueve de los procesados pero no Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

Moreno ha centrado su intervención en el informe final de la fiscalía en la violencia que considera que hubo el otoño del 2017 en Cataluña. «Hubo violencia y fue la suficiente para los objetivos que se habían marcado», ha asegurado. Moreno también sostiene que hubo «intimidación» en los colegios electorales el 1-O, porque había «una presencia mayor» de concentrados que la de la «fuerza actuante que intentaba impedir el acto».

El fiscal ha rescatado las declaraciones de los mandos de los Mossos, empezando por el mayor Josep Lluís Trapero, para afirmar que «todos eran conscientes de que era seguro de que habría enfrentamientos». En este sentido, ha recordado las reuniones que se celebraron en el Palau de la Generalitat con la asistencia de los mandos de la policía catalana y los máximos dirigentes políticos, Carles Puigdemont, Joaquim Forn y, en una de ellas, Oriol Junqueras, en la cual «se advirtió de la posibilidad de enfrentamientos» y «se instó a desconvocar el referéndum». Además, ha destacado que los mandos policiales pidieran expresamente la presencia de Carme Forcadell en la última reunión, a la que no asistió.

Moreno ha recordado la declaración de Trapero para afirmar que «se sabía que estaría el enfrentamiento», que se esperaba que no hubiera ninguna «desgracia», es decir, «un resultado fatal que afrontamiento no se produjo». La respuesta de Puigdemont, ha añadido, fue que «si había violencia, declaraba la independencia» y que la de Junqueras, que era «la voluntad del pueblo por encima de la ley» que, según concluye el fiscal, «se erigía como mandato legal».

Sobre si «se instrumentalizó la violencia» por parte de los acusados, el fiscal Jaime Moreno ha reconocido que al instructor de la causa, Pablo Llarena, les«convenció» del argumento que, además de «saber que habría enfrentamientos y no desconvocar», también «exaltaron» y «incitó» a los ciudadanos a «enfrentarse» a la policía para «defender los colegios». Y ha remarcado que este es el elemento que hace que se acuse de rebelión nueve de los procesados pero no a otros tres, Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs.

Para mantener su afirmación sobre los «llamamientos», Jaime Moreno ha leído varias declaraciones en medios de comunicación y también varios tuits que publicaron los acusados durante los días previos al 1-O, el día del referéndum y jornadas posteriores.

Los heridos, responsabilidad de los organizadores
Durante su informe, el fiscal ha asegurado que los heridos que hubo como consecuencia de los hechos, ya sean votantes o agentes de la policía, son responsabilidad de a quien hizo los llamamientos a ir a los colegios. «A quien crea el riesgo es a quien le es imputable el enfrentamiento producido, estamos ante unos hechos que van provocado 1.093 heridos», ha asegurado, sin entrar a cuestionar los datos de los atendidos por el Servei Català de la Salut (CatSalut).

20-S: acto «de obstaculización», no de protesta
El fiscal Moreno ha sostenido que «la violencia se plasmó en tres momentos». En primer término, ha situado el 20-S, que ha asegurado que «no fue una protesta» que podrían haber hecho «de cualquier otra manera en cualquier otro momento, respetando los plazos de la ley». Fue, para el fiscal, «un acto de obstaculización, intimidando y violento» contra la investigación que había llegado «al corazón de lo que era la organización» del 1-O. Moreno ha contrarrestado los «eslóganes de civismo y pacifismo» argumentadas por las defensas a expresiones como «no tenemos miedo» o «nos declararán la guerra», que considera «terminologías claras de exaltación hacia los actos que se produjeron». En este sentido, niega que se fuera a hacer «un acto pacífico cuando se hace encima de un altar majestuoso», citando las palabras de Jordi Cuixart encima de los vehículos «vandalizados» de la Benemérita.

El ministerio público también ha cargado contra la actitud de Sànchez aquel día poniendo de relieve el testigo del jefe de los antidisturbios de los Mossos, pedido por la defensa de Forn, y que calificó «de altiva» la actitud del expresidente de la ANC. «Me exigió que retirara a la brigada móvil», ha recordado que declaró.

El segundo momento, para Moreno, fue el «hostigamiento a las fuerzas de seguridad del estado». En este sentido, ha recordado que mandos policiales van relatado «131 actos», como «asedios en cuarteles donde viven familias y niños, increpaciones por el simple hecho de ser guardia civil, difusión de imágenes en las redes o escraches en hoteles.» En este punto, ha recordado las palabras del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena afirmando que aquellos días Cataluña era un «polvorín» con un «clima absolutamente insurreccional».

El tercer «momento», según Moreno, fue el 1-O, cuando «se hicieron llamamientos a las personas a ponerse en actitud intimidando ante los colegios, poniendo tractores y coches» y haciendo «una resistencia pasiva que se volvió activa en muchos lugares».

«No necesitaban tomar centros de poder»
En respuesta a unas de las periciales propuestas por la defensa de Jordi Cuixart, el fiscal ha sostenido que los acusados «no necesitaban tomar centros de poder» para consumar la rebelión, ya que «los ostentaban todos». «Se habrían tomado centro de poder si se tenía que venir a Madrid a asaltar las Cortes, pero no era la cuestión», ha dicho. Moreno ha hecho un símil marinero para afirmar que «no se trataba de un pequeño barco que tiene que tomar un buque, era una comunidad autónoma que sólo tenía que cortar el amarre que lo unía al buque».
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