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Juicio 1-O
Imatge de l'observadora del judici de l'1-O islandesa Katrín Oddsdóttir, en declaracions a l'ACN.

Una observadora internacional denuncia en una reunión con Fiscalia que el juicio del 1-O es «político»

Imagen de la observadora del juicio del 1-O islandesa Katrín Oddsdóttir, en declaraciones a ACN.

Una observadora internacional denuncia en una reunión con Fiscalia que el juicio del 1-O es «político»

El ministerio público rechaza en el encuentro con International Trial Watch que los derechos humanos de los acusados estén amenazados

Actualizada 04/04/2019 a las 17:01

La observadora islandesa Katrín Oddsdóttir ha denunciado en una reunión con Fiscalía General del Estado que el juicio del 1-O es «político». El encuentro, celebrado este miércoles con la plataforma International Trial Watch (ITW), contó con el fiscal de sala jefe de la secretaría técnica del ministerio público, Fernando Rodríguez Rey. El fiscal negó que se trate de un «juicio político», según ha explicado Oddsdóttir en declaraciones a ACN. La observadora también le reprochó que los derechos humanos de los acusados podían estar siendo amenazados, cosa que el fiscal también rechazó. La portavoz de ITW, Anaïs Franquesa, ha valorado a ACN la reunión como «positiva» porque «implica claramente un reconocimiento a la figura de los observadores internacionales», cosa que es «diferente» en el tribunal que juzga a los políticos presos.

Según Franquesa, la reunión, a la que también asistió el observador y catedrático de derecho procesal vasco Iñaki Esparza, se desarrolló con «absoluta cordialidad». La delegación de ITW preguntó sobre «el tipo de enfoque que está teniendo el juicio y la cuestión de cómo se pueden practicar o no las diferentes pruebas». La portavoz de la plataforma también ha explicado que Rodríguez Rey les dijo que «no habría ningún problema» para celebrar una nueva reunión. La abogacía del Estado, sin embargo, no ha dado respuesta a una petición de encuentro con ITW, ha añadido Franquesa.

Oddsdóttir, que ha estado observando las sesiones en el Supremo esta semana tanto dentro de la sala como en el espacio que tiene el ITW para seguir el juicio en Madrid, ha explicado que planteó a Rodríguez que «desde fuera» da la «sensación» que el procedimiento es «político». Según la observadora, el fiscal lo negó. «Habría sido una catástrofe si lo hubiera reconocido», ha dicho.

Oddsdóttir ha explicado en Madrid que también le hizo saber su «preocupación» por los derechos humanos de los acusados, como el derecho de manifestación y la libertad de expresión, especialmente en el caso de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Rodríguez lo rebatió diciendo que el juicio «sólo se basa en hechos», ha explicado ella. Por otra parte, la observadora le dijo que es «extraño que la fiscalía no se alinee con las defensas a la hora de pedir que se reproduzcan vídeos» durante la prueba testifical. Según ella, Rodríguez le dijo que eso «perjudica tanto a la fiscalía como a la defensa».

Constitución española
Oddsdóttir formó parte del consejo constitucional que redactó la carta magna islandesa del 2011, y ha afirmado que, en la causa contra el referéndum de independencia catalana, «la Constitución se está utilizando en una sola dirección». Por ella, el caso «se está construyendo sobre el supuesto de que es rebelión», pero no se tienen en cuenta derechos también recogidos en el texto constitucional «como la libertad de expresión y el derecho de manifestación».

¿Estrasburgo, en 2029?
A su vez, uno de los observadores internacionales que asistieron a algunas sesiones de la segunda semana del juicio, Bill Bowring, ha explicado a ACN que los cargos que afrontan a los acusados le parecen «desproporcionados, pero también un potencial grave bloqueo de la libertad de expresión y el derecho a manifestación». Bowring, que ha explicado que tiene experiencia recurriendo casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice que esta instancia «no es rápida». «Seis años es rápido, y diez o doce no es infrecuente», ha afirmado. El profesor de la Universidad de Birbick calcula que el caso se puede resolver en Estrasburgo en 2029.
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