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El judici ha de celebrar-se a l'Audiència de Barcelona.

Piden casi 11 años de prisión para dos mossos para ayudar una banda de narcos

El juicio tiene que celebrarse en la Audiencia de Barcelona.

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Piden casi 11 años de prisión para dos mossos por ayudar una banda de narcos

También se piden cuatro años para un Guardia Civil que trabajaba en el aeropuerto de Reus
  • EFE

Actualizada 01/04/2019 a las 13:26

La Fiscalía solicita diez años y ocho meses de cárcel para dos mossos d'esquadra y cuatro años de prisión para un guardia civil por colaborar con una banda de narcos que traficó con 1,2 toneladas de hachís y cuyo juicio comenzará finalmente mañana en la Audiencia de Barcelona.

El inicio del juicio, en el que están imputadas 31 personas, estaba previsto para este lunes, pero el tribunal ha decidido suspenderlo hasta mañana ante la ausencia de uno de los investigados, cuya letrada ha asegurado que no consigue contactar con él desde hace un año.

Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana, en situación irregular y sobre quien consta un decreto de expulsión desde 2014, por lo que el tribunal ha acordado verificar que no haya sido preso o deportado para proceder, en 24 horas, a su detención inmediata bajo amenaza de declararlo en rebeldía si no acude a declarar.

El proceso juzgará, entre una treintena de personas, a los tres agentes por haber colaborado con el «conglomerado criminal», que durante 2013 y 2014 traficó con hachís robado a otras bandas, sustrajo coches de alta gama para revenderlos y extorsionó a individuos para cobrar deudas atrasadas.

La Fiscalía acusa a los dos mossos de ayudar a la red «sin llegar a integrarse plenamente en la disciplina del colectivo», por lo que les imputa los delitos de cohecho, revelación y violación de secretos y omisión de perseguir delitos.

Además de las penas de diez años y ocho meses de cárcel, el fiscal solicita una multa de 22.680 euros para cada uno de ellos, quienes informaban a la banda sobre las pesquisas policiales en su contra y proporcionaban datos de los titulares y direcciones de los coches que iban a robar y a los que trucaban matrícula y kilometraje.

En concreto, según la Fiscalía, una de las agentes mantiene una relación sentimental con el cabecilla del colectivo y se la acusa de realizar «continuas labores de vigilancia» de los vehículos robados que guardaban en el estacionamiento de su domicilio, propiedad de una empresa gestionada por otro de los procesados.

El otro agente, a cambio de compensaciones económicas, mantuvo informado a uno de los imputados sobre la situación procesal de un amigo suyo detenido y trató de favorecer su puesta en libertad, además de proporcionar constante información a la banda sobre las indagaciones policiales.

No obstante, la Fiscalía considera que los mossos no participaron «de modo estable» en la banda «más allá de tales aportaciones secundarias», por lo que no les imputa el delito de pertenencia a organización delictiva.

Por otro lado, el fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión por extorsión para un cabo de la Guardia Civil, destinado entonces al Aeropuerto de Reus, desde donde presuntamente ayudó a presionar al gerente de un concesionario, causándole «temor y desasosiego», para saldar así una deuda que tenía pendiente con el amigo de uno de los procesados.

El grupo criminal estaba formado por una estructura jerarquizada encargada de sustraer hachís a traficantes en el norte de África para su posterior venta en Barcelona, para lo cual se trasladaban al sur del país y pagaban a miembros de otras facciones, que colocaban balizas de seguimiento en los fardos de droga.

En los registros domiciliares, la policía requisó 1.240 quilos de hachís, valorados en más de 7,4 millones de euros.

La banda también se hacía con vehículos de alta gama en Cataluña y en Múnic (Alemania), que robaban o compraban en el mercado negro y a los que cambiaban la matrícula y manipulaban el kilometraje para financiar con su venta el esquema de tráfico de hachís.

Por todos estos hechos, los otros 28 investigados se enfrentan a penas de entre 27 y 16 años de cárcel por hasta quince delitos distintos, entre ellos contra la salud pública, falsedad documental, robo con fuerza, estafa y tenencia ilícita de armas de fuego.
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