El ministerio público traslada a la fiscalía catalana la petición de la Junta Electoral para que determine si ha cometido desobediencia
La Fiscalía General del Estado ha ordenado en la Fiscalía Superior de Cataluña que presente una querella contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para incumplir los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC). En un breve comunicado, el ministerio público ha informado de que este viernes ha recibido el acuerdo de la JEC que pide deducir «testimonio» por la «responsabilidad penal» que habría cometido Torra «derivada del incumplimiento consciente y reiterado» de los acuerdos tomados por la junta los días 11 y 18 de marzo del 2019. La Fiscalía General ha remitido el acuerdo a la de Cataluña para que «una vez tenga conocimiento de todas las actuaciones, se proceda a ejercitar acciones penales, interponiendo la correspondiente querella».
En la resolución, este jueves la Junta Electoral Central resolvió llevar «el incumplimiento» de Torra a la Fiscalía para que determine si ha cometido un delito de desobediencia. La Junta considera que el presidente no cumplió con los plazos que estableció en sus resoluciones e intenta acreditada «la existencia de una voluntad desobedecer» por parte del presidente porque ha llevado a cabo «una apariencia de cumplimiento» pero ha desplegado actuaciones por «burlarse abiertamente» de la orden.
El organismo lo dijo en referencia al hecho que Torra decidiera cambiar los lazos amarillos por unas pancartas que incluían un lazo blanco con una franja roja, que según la Junta son igualmente «partidistas».
La petición de la Fiscalía General en la Superior de Cataluña llega poco rato después de que se haya retirado la pancarta con un lazo blanco de la fachada del Palau de la Generalitat y que Torra haya anunciado que este viernes presentará un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la JEC de hacer sacar pancartas y lazos de edificios de la Generalitat. El presidente también ha anunciado que la semana que viene pondrá una querella por un presunto delito de prevaricación contra el organismo estatal.
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