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Imagen general de la fachada principal del Tribunal Supremo.

Un guardia civil identifica a Antoni Molons como el encargado de la contratación de la cartelería del referéndum

El agente asegura que la tarea que hicieron los parlamentarios invitados por el Diplocat era «inequívocamente de observación»

Actualizada 19/03/2019 a las 17:41

Un guardia civil que intervino en varios registros relacionados con los preparativos del referéndum ha identificado al exsecretario de Difusión Antonio Molons (investigado en el juzgado 13) como la persona encargada de la contratación de la cartelería del referéndum. Hasta ahora, algunos testigos habían explicado que «un tal Toni» les había encargado gestiones sobre los carteles del 1-O y este agente ha incriminado directamente a Molons. Ha explicado que tomó declaración al diseñador gráfico Enric Vidal, que le explicó que se había reunido con este «tal Toni» y que le facilitó una tarjeta SIM para contactar. Estirando el hilo y en un registro en casa de Molons, encontraron esta tarjeta SIM y un cartón de otra tarjeta (que no estaba) que coincidía con la que habría entregado a Vidal para poder hablar. También ha contradicho la versión del exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, y ha dicho que los parlamentarios que vinieron a Cataluña lo hicieron a petición del consorcio y para hacer «inequívocamente» tareas «de observadores internacionales».

Durante el interrogatorio, la fiscalía ha incidido en los informes que elaboró este guardia civil y las declaraciones que tomó y que tienen que ver con la malversación. Él mismo tomó declaración al diseñador gráfico Enric Vidal que, según el agente, le dijo que lo había contactado «un tal Toni», que le había entregado una tarjeta de prepago para contactarlo y que le facilitó el contacto con tres empresas de cartelería en las que tenía que llevar a imprimir publicitado del referéndum, una vez redimensionara los carteles.

La semana pasada, como testigo, Vidal no quiso decir claramente si este «tal Toni» quien le hizo el encargo –y con quien se reunió- era Antoni Molons. El exsecretario general de Difusión está investigado en el juzgado 13 de Barcelona y se negó a declarar en el Supremo, dónde estaba citado como testigo. Ahora bien, este agente lo ha incriminado directamente.

Dos tarjetas SIM vinculadas a Molons
Vidal también dio al agente del instituto armado el número teléfono que le había facilitado el «tal Toni» y buscaron información sobre la tarjeta de prepago. Según ha explicado, se había contratado a nombre de Antoni Gorda pero que, en realidad, el DNI aportado era el de Antoni Molons. Durante el registro en la casa de Molons, posteriormente, encontraron tanto la tarjeta SIM que se correspondía a este número facilitado por Vidal (en un teléfono en la habitación de su hija) como un cartón donde había habido otra tarjeta de prepago (que coincidiría con la que facilitó a Vidal).

La letrada de Omnium busca contradicciones
El caporal también se ha referido a otras manifestaciones de Vidal que, según ha dicho, reconoció que las peticiones venían de Òmnium Cultural y que lo facturaría a la Generalitat, una versión que, en cambio, negó como testigo.

Vidal también dio al agente del instituto armado el número teléfono que le había facilitado el «tal Toni» y buscaron información sobre la tarjeta de prepago. Según ha explicado, se había contratado a nombre de Antoni Gorda pero que, en realidad, el DNI aportado era el de Antoni Molons. Durante el registro en la casa de Molons, posteriormente, se encontraron tanto la tarjeta SIM que se correspondía a este número facilitado por Vidal (en un teléfono en la habitación de su hija) como un cartón donde había habido otra tarjeta de prepago (que coincidiría con la que facilitó Vidal).

Esta afirmación que vincula Òmnium con el encargo de la cartelería ha provocado las preguntas de la letrada de Cuixart, Marina Roig, que ha manifestado que en el acta de la declaración como testigo de Enric Vidal no se hacía ninguna referencia a Òmnium. En cambio, el agente que ha atestiguado ha dicho que Vidal lo explicó en estos términos. «Lo pongo de manifiesto porque ha faltado a la verdad», ha dicho Roig. Esta intervención ha hecho que el presidente, Manuel Marchena, vuelva a advertir al testigo que estaba bajo juramento pero ha dicho a Roig que las contradicciones las tenía que valorar la sala, y no ella como letrada.

Aun así, Roig ha insistido y le ha preguntado al agente si se arreciaba en las declaraciones que había hecho, diciendo que Vidal había asegurado que Òmnium encargaba la cartelería y que la pagaba la Generalitat. El testigo se ha excusado diciendo que se le había preguntado por muchos datos. «Dejo de manifiesto que el pedido de la cartelería se inicia porqué lo solicita Òmnium y no sé si lo ha dicho Enric Vidal», ha afirmado después, ante la insistencia de la letrada de Òmnium Cultural.

Campaña de civismo y facturas a TV3
El agente de la Benemérita también ha explicado que tomó declaración a Molons inicialmente como testigo y que les había explicado que es el exconseller Turull y él mismo quiénes envían la campaña de civismo a TV3 porque las agencias de difusión homologadas (Carat y Focus) habían rechazado emitir los anuncios. Sobre si hubo o no factura, ha dicho que la presidenta de la CCMA, Núria Llorach, acabó enviando las facturas y reconoció que había sido una campaña de pago. A preguntas del letrado Jordi Pina, ha dicho que estas declaraciones de Llorach las recogió él mismo y que era en calidad de testigo y a instancia de la Guardia Civil, y no de un juez.

También ha asegurado que el dinero para pagar esta campaña de civismo –bajo la cual la acusación sospecha que se emiten los anuncios de las vías- provenía del fondo de contingencia ya que se había hecho una modificación de presupuesto para tener dinero para esta campaña. Y que así se lo identificó la interventora después de diferentes mandamientos procedentes del juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

También ha vinculado la campaña de registro de catalanes en el exterior (que se hizo en abril) con el referéndum porque la Ley del referéndum (después suspendida) decía que podrían votar los que previamente se hubieran apuntado a un registro de catalanes en el extranjero.

Dos facturas que Unipost intenta cobrar
También participó en los registros que se hicieron después del 1-O en la sede central de Unipost, en l'Hospitalet. Ha detallado que pidieron información a la interventora de la Generalitat y que comprueban que los días 18 y 19 de septiembre hubo dos intentos de cobro de una de las facturas que habían encontrado en Unipost. Los dos intentos se rechazaron por parte del Departament de Treball. 

Según el caporal, en el registro en Unipost que se hace en Hospitalet en diciembre de 2017 encontraron una nota, facturas proformes y notas de entrega con sello original de cinco departamentos de la Generalitat y, según él, constituía «un pedido oficial» por un servicio. Ha reconocido que el importe total superaba los 900.000 euros pero que no se pagó «nada». A preguntas del letrado Andreu van den Eynde, ha detallado que había un encargo de la Generalitat en base al contrato marco para que se repartieran no solo las 57.000 cartas certificadas para formar parte de las mesas (que interceptó la policía) sino también cinco millones de tarjetas censales y que esto genera «compromiso de gasto».

El caporal también ha explicado que «inspeccionaron» varias empresas de artes gráficas en septiembre del 2017 y ha reconocido que era sin orden judicial, sino que se hacían «en virtud» de una instrucción de la fiscalía que tenía «carácter general». «No se hacen registros, se hacen inspecciones para ver la cartelería y proceder en consecuencia», ha manifestado.

Diplocat y los observadores
El agente también intervino en los registros en el Diplocat y ha declarado en sentido contrario a lo que fue el secretario general del consorcio, Albert Royo. Según el policía, el grupo de parlamentarios y experlamentaris vinieron presentados como «visitantes» (tal como defendió Royo) pero ha dicho que intervinieron informes y correos electrónicos que demuestran, según el agente, que hicieron tareas «de observación internacional». Un extremo que Royo negó.

También asegura que tuvieron esta función los expertos contratados a partir de julio del 2017 para hacer un análisis socio-económico del contexto Cataluña-España. Royo reconoció que el Diplocat había pagado estos trabajos (incluso con el 155 en marcha) pero los desvinculó de ninguna misión relacionada con la observación electoral. Una tesis que, en cambio, contradice a este guardia civil. «Hay correos que demuestran sin duda que hicieron tareas de observación», ha manifestado.

Como que el caporal se ha referido a un «informe» que elaboró sobre análisis de teléfonos y correos electrónicos del Diplocat, la letrada Judit Gené ha insistido en si era un informe incorporado a unas diligencias o era un informe elaborado por la policía. El agente ha dicho que no estaba bajo el marco de unas diligencias judiciales y también ha reconocido que no tomaron declaración a ningún visitante que visitó Cataluña, y tampoco al grupo académico liderado por Helena Catt. Por lo tanto, ha dicho que las afirmaciones que hace al informe que firma él las hace a través de la documentación intervenida.

También ha explicado que investigaron hoteles y entidades bancarias para tener información de los observadores internacionales que habían venido a través del Diplocat.

Quejas de las defensas
El interrogatorio de este agente –que es cabo primero en la zona séptima de Cataluña y responde al TIP K47019K- ha provocado la interrupción de varias defensas que no consideraban que fueran pertinentes las preguntas que le hacía la fiscalía. Por una parte, porque en el breve texto que argumenta la pertinencia de la prueba, se exponía que había participado en la detención del exsecretario general de Economía, Josep Maria Jové, y no aparecía nada más relacionado con la malversación. Por lo tanto, se han quejado por el hecho de que se le estuviera preguntando por cosas que la defensa desconocía y no había podido preparar bien.

Además, la letrada de Cuixart, Marina Roig, se ha quejado porque no es ni instructor ni secretario de los atestados y los estaba relatando y poniendo ve. «Yo participo, el instructor y el secretario no hacen todas las gestiones sino que lo hacemos en grupo», ha manifestado el mismo agente. 
Como hecho en varias ocasiones antes, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dicho a las defensas que no se tenían que preocupar por los atestados policiales porque se consideran «fuente de prueba» por parte del tribunal. «No pierdan el tiempo con esto», ha remarcado Marchena.

El letrado Jordi Pina también ha reprochado al tribunal que permitiera explicar el alcance de interrogatorios que se habían producido en otros tribunales (como el juzgado 13 de Barcelona) de personas como Antoni Molons o Núria Llorach (CCMA) que se negaron a declarar como testigos en el Supremo.
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