Diari Més

Bassa reconoce «la autoridad» del TC y dice que «no hizo nada más» después de que suspendiera la ley del referéndum

La exconsellera defiende el 1-O y dice que convocar un referéndum «no es delito» y niega la malversación

La exconsellera de Treball i Afers Socials, Dolors Bassa, declarando ante el Tribunal Supremo.

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La exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa ha reconocido «la autoridad» del Tribunal Constitucional y ha asegurado que una vez suspendida la ley del referéndum «no hizo nada más». Cuando el fiscal Fidel Cadena le ha preguntado qué hizo para «acatar» las advertencias del TC ha dicho que hizo «todo el que estaba en mis manos» y que «no hizo nada para no cumplir» con los avisos del alto tribunal. Sobre el papel del TC, ha dicho que entendía que se trataba de un «conflicto competencial y jurídico transitorio» y también se ha referido como un «conflicto de intereses». Y ha recordado que sólo en su departamento había 18 sentencias del TC que obligaban al gobierno español y que no se cumplían. Sin embargo, ha defendido que el referéndum era «legal» porque se había despenalizado en el 2005 y ha negado la malversación.

La exconsellera ha reconocido que recibió entre cuatro y cinco advertencias del Tribunal Constitucional y ha defendido que, una vez suspendida la Ley del referéndum, «no hizo nada más». «Hice lo que estaba en mis manos, no hice nada a partir de la suspensión de la ley», ha subrayado. De hecho, ha dicho que el acuerdo firmado el 7 de septiembre que encargaba a los departamentos contrataciones para materializar el 1-O no se llevó a cabo porqué el día siguiente el TC suspendió la ley. «Esta era la intención antes de suspenderse la ley, pero después ya no se hizo nada más», ha remachado.

Bassa ha defendido que había un 80% de la población que quería un referéndum y que más de 4.000 entidades formaban el Pacto Nacional por el referéndum y que, por lo tanto, ella entendía que convocar el 1-O «no era ningún delito». Con todo, ha apuntado que considera que se estaba delante de un «conflicto competencial jurídico que sería transitorio» y ha añadido que era el mismo que pasaba con otros conflictos donde tomaba parto del TC.

Sobre la delegación a los consellers de la firma última de cualquier gasto, ha dicho que se hizo por una cuestión «organizativa». Ha recordado que el verano del 2017, por la intervención de las finanzas, el gobierno estatal los hacía enviar semanalmente todos los gastos comprometidos o pagadas y que, si firmaban los consellers, tenían competencias de hacerlo «si la interventora no lo podía asumir».

Mantenía «disciplina de voto»

Sobre el pleno del 6 y 7 de septiembre, Bassa ha explicado que ella como consellera y diputada, no entraba a negociar los detalles de las resoluciones parlamentarias, y simplemente mantenía la disciplina de voto. Así, ha dicho que se aprobaron la ley de convocatoria del referéndum y de transitoriedad, y que ella, como todo el Gobierno, firmó el decreto de convocatoria del 1-O. En todo caso, ha dicho que la firma no se hizo por la noche expresamente porque el TC no pudiera anular la ley y el decreto, sino que fue un pleno «muy activo» y como «otros muchos» se acabó muy tarde.

En este punto, ha insistido que sí acataron el día siguiente la suspensión por parte del TC, puesto que no se aplicó la ley, como por ejemplo en el caso de la Sindicatura Electoral. También ha dicho que acató la suspensión de la ley de transitoriedad, puesto que tampoco se aplicó «ninguno de sus preceptos». Sin embargo, preguntada por si estas leyes incumplían requerimientos anteriores del TC, Bassa ha dicho que el Gobierno ni se lo «planteó».

Sobre la ley de transitoriedad, ha dicho que estaba incluido en el programa electoral deJxSí, en el cual ella no participó en la elaboración pero se lo leyó a fondo, y «no fue cuestionado ni invalidado». Según ella, la ley se basaba en el pacto entre Escocia y el Reino Unido, que preveía un periodo de transición de 18 meses. «Estuvimos 21 meses, y si no nos hubieran destituido seguramente habríamos estado más tiempo», ha explicado.

De hecho, ha justificado los preparativos previstos en la ley de transitoriedad porque la voluntad real del Gobierno era negociar con el gobierno español hasta el último momento, pero «si se llega a un pacto había que tener algo preparada». «Siempre hablábamos de tres palabras importantes: diálogo, negociación y pacto», ha añadido.

Niega malversación

Bassa también ha negado la malversación. «No se hizo ningún gasto a partir del 7 de septiembre, cuando se suspende la ley», ha manifestado. Sin embargo, ha dicho que no puede asegurar qué pasó antes porque «no controla» todos los departamentos.

El fiscal le ha exhibido unas supuestas facturas emitidas porUniposty que la fiscalía sostiene que son las emitió la Generalitat. Un extremo que Bassa ha negado. «No las había visto en la vida, si fueran de mi departamento seguro que lo sabría», ha afirmado. Según el ministerio fiscal, su departamento facturó más de 297.000 euros. En este punto, el presidente del tribunal, ManuelMarchena, ha tomado la palabra dicho que el tribunal tendrá que decidir qué versión da por buena.

Además, Bassa ha explicado que habían trabajado previamente conUniposty que habían tenido «algún problema». Ha relatado que un funcionario había devuelto alguna factura porque consideraba que «no tenían nada en aquel departamento». «A vecesUnipostenviaba algo que no correspondía a nuestro departamento», ha defendido.

Ante la abogada del Estado también he negado la malversación. «Lo puedo decir más alto pero no más claro», ha remarcado a preguntas de la abogada del Estado, Rosa MaríaSeoane. «No hubo gastos y nunca ninguna otra acción a partir de la suspensión», ha insistido.

Seoanetambién ha preguntado con «qué» pensaban que votarían los ciudadanos si no había papeletas o urnas. «El pensamiento es libre y cada cual lo puede hacer a su manera, yo solo le digo que no se materializó ninguna acción por parte del Gobierno», se ha limitado a decir la exconsellera.

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