Un año y medio después del 1-O empieza en el Tribunal Supremo el juicio del proceso

El Tribunal Supremo empieza hoy el juicio del proceso contra los presos políticos catalanes en el marco del caso contra el referéndum el 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia desde el Parlamento el 27 de octubre. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs se sentarán en el banquillo de los acusados acusados de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos. Hoy y mañana se celebrarán las cuestiones previas y el juicio se prevé que se alargue varios meses.

Manuel Marchena es el juez encargado de marcar el ritmo del juicio, pero habrá seis magistrados más. En la parte de la acusación habrá representantes tanto de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado y de Vox. Entre los presentes no serán los exiliados, como Carles Puigdemont, pero sí que se ha citado a toda una serie de testigos, cuyo más reconocido será Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno español. Todo empezará a las diez de la mañana y se podrá seguir en abierto por televisión, tanto en el Canal 24 horas de TVE como el 3/24. Más de seiscientos periodistas de 170 medios internacionales se han acreditado para poder seguir el juicio.

La violencia, una de las claves

José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, cree que no hay delitos de rebelión, sedición ni de malversación en la causa del 1-O. En declaraciones en TV3, Martín Pallín preguntó dónde está la violencia en este proceso, y subrayó que la comparación con el 23-F es «simplemente ridícula». También subrayó que la independencia no se declaró legalmente, porque no se publicó nunca en el Diari Oficial de la Generalitat. «Estos juegos están muy bien para un debate académico, pero un tribunal de justicia no se los puede permitir», remarcó el magistrado, que considera que el Supremo no es el tribunal competente para juzgar el caso.

«Así como los tribunales belga y alemán no han visto el elemento de la violencia, yo tampoco lo veo», reiteró Martín Pallín. A su parecer, tampoco hay sedición ni malversación, y en este último punto constató que el testigo del entonces ministro Cristóbal Montoro será importante, ya que tenía intervenidas las cuentas de la Generalitat.

Juez y abogados, preparados

El presidente de sala del Tribunal Supremo que juzgará el 1-O, Manuel Marchena, aseguró ayer que linda el inicio de las sesiones con «serenidad» y «sensatez». Marchena lo dijo en declaraciones a Antena 3 el día antes del inicio del juicio antes de asistir al acto de entrega de los premios de Acijur, la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos. Preguntado posteriormente por otros medios de comunicación, se limitó a afirmar que ahora es «tiempo de silencio».

Por su parte, las defensas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Carme Forcadell denunciaron que el juicio es un juicio «político» y criticaron que el tribunal que juzgará a sus clientes no es ni competente ni imparcial. En una rueda de prensa organizada por Òmnium Cultural para medios internacionales ayer en Madrid, los letrados Andreu van den Eynde, Olga Arderiu, Olivier Peter y Jordi Pina argumentaron que «el relato de la violencia es falso» y los hechos que se juzgarán no se pueden considerar ni rebelión ni sedición. «Tendría que haber una absolución. Queremos creer que todavía tenemos posibilidades antes de ir a Estrasburgo», dijo la abogada de Forcadell Olga Arderiu.

«Si se aplicara el derecho internacional, Cuixart sería absuelto y puesto en libertad», afirmó el miembro de la defensa del presidente de Òmium Olivier Peter. «Condenar a Cuixart es asegurar que España será condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo», continuó el abogado suizo. «No se quiere juzgar, se quiere condenar por razones políticas», dijo Peter, que aseguró que los actos que se juzgan «no son criminalitzables».

«Mañana empieza un juicio en las urnas, un juicio a la democracia y eso hace que el grado de responsabilidad sea superior. Del resultado de la sentencia de este juicio quedará resentida la democracia española», dijo el letrado de Sànchez, Rull y Turull, Jordi Pina. «Nuestra gran misión es poder decir que poner una papeleta en una urna no puede ser un delito de rebelión o de sedición», remarcó.

La abogada de Forcadell, Olga Arderiu, dijo que se está juzgando a la expresidenta del Parlamento por su «capacidad de liderazgo» y no por los hechos, ya que en el resto de miembros de la Mesa sólo se los ha procesado por desobediencia. Arderiu también denunció vulneraciones de derechos durante el proceso judicial, como el de defensa, con la poca antelación con que se ha anunciado la fecha de inicio o con la inadmisión de pruebas.

Con respecto al abogado de Junqueras i Romeva, Andreu van den Eynde, aseguró que la justicia española hace una «interpretación artificial de la ley», ya que el Congreso de los Diputados despenalizó en el 2005 la organización de referéndums ilegales. «Eso no es rebelión ni lo será nunca», dijo el letrado, que afirmó que se lo acusa de este delito para «suspender todo el derecho político» de sus clientes.

Dilaciones indebidas

Todos los letrados negaron que quieran dilatar el tiempo que dure el juicio y apuntaron que son los primeros interesados en qué se resuelva pronto. Sin embargo, las defensas lamentaron que el proceso ha sufrido «aceleraciones indebidas» que vulneran el derecho de defensa y afirmaron que habrían necesitado más tiempo para prepararla.

Sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones generales el 14 de abril, Van den Eynde dijo que no se puede ni imaginar ni quiere considerar un escenario con «interferencias» de este tipo y defendió que en caso de que se celebren los comicios y se suspenda el juicio, se tendría que poner en libertad provisional a los encausados.

«No se puede mantener a alguien en prisión provisional porque a ti te dé la gana de hacer elecciones», remachó el letrado de Junqueras y Romeva, que pidió que se respeten los derechos de sus clientes si se mujer este escenario.

Prohibidas las manifestaciones

La delegación del gobierno español en Madrid ha decidido prohibir manifestaciones en la plaza Villa de París (situada ante el Tribunal Supremo) y restringir el tráfico a las calles que bordean el tribunal como medida de seguridad mientras dure el juicio del 1-O. Las medidas se empiezan a aplicar ya hoy, el primer día de la vista. La delegación del gobierno español ha tomado las medidas después de analizar un informe de la policía española. Por lo tanto, y mientras dure el juicio, no se podrán hacer concentraciones ni manifestaciones.