La defensa de Cuixart: «No existe un derecho fundamental a la unidad de España pero sí un derecho a la reunión pacífica»

Uno de los letrados del equipo de defensa de Jordi Cuixart, Benet Salellas, ha alertado de las vulneraciones de derechos fundamentales y de los «vicios» del procedimiento judicial y ha pedido al tribunal que no continúe adelante. «Es una derrota colectiva de la sociedad española y no tiene que empezar, si empieza entendemos que el sistema de derechos ha entrado en un universo de riesgos irreparables», ha dicho en la fase de cuestiones previas. Salellas ha defendido el derecho fundamental a reunión pacífica y ha criticado que lo suyo representado esté acusado de rebelión para «practicarlo y defenderlo». «Manifestaciones masivas y pacíficas se consideran delito, eso es incompatible con un estado social y de derecho», ha manifestado. Además, ha advertido que no se puede anteponer «la defensa de la unidad de España a los derechos fundamentales». «No existe un derecho fundamental a la unidad de España pero sí un derecho a la reunión pacífica recogidos en todos los tratados», ha sostenido.

La intervención del abogado de Cuixart ha sido una de las más duras. Salellas ha criticado tanto la instrucción como las acusaciones formuladas. Por eso, ha pedido al tribunal que «depure» y «filtre» los escritos de las acusaciones para eliminar todo aquello referido con el derecho a manifestación pacífica y al derecho a la libertad de expresión. El letrado ha recriminado que 50 folios del escrito de la fiscalía se dediquen a hablar de las manifestaciones. Y ha advertido: «Hay que depurar los escritos porque sino quien condenarán en Estrasburgo será el estado español».

En este sentido, ha recriminado que en el escrito de acusación se incluye también que Cuixart usó el lema 'No pasarán' durante los registros del 20-S. Salellas ha recordado que es un lema «usado por españoles demócratas que luchaban por la república» y considera que es «muy grave criminalizar este lema».

Encubrir la tortura

Salellas también ha dicho que en el procedimiento «se está encubriendo la tortura» porque mientras se incluye «el detalle» de los agentes heridos se deniega la prueba sobre los votantes que sufrieron lesiones por parte de la policía.

También ha alertado del «vicio procesal permanente» y ha recriminado que el juicio se haga al Tribunal Supremo cuando Cuixart no ha estado nunca aforado. «Se está usando para frenar el proceso de autodeterminación», ha lamentado Salellas.

Nueva causa de nulidad

Para el abogado de Cuixart, hay varias causas de nulidad del procedimiento y ha aportado una nueva, aparte de la vulneración de los derechos fundamentales. El letrado ha dicho «buena parta» del registro del 20 de septiembre en la Consejería de Economía se practicó «sin ser acordado por la autoridad jurídica». Según ha dicho, el orden del juzgado número 13 de Barcelona era para «registrar cuatro despachos y no tenían autorización para todo el edificio». Una cuestión que, según Salellas, es una «extralimitación».

«Restringir» la acusación de la abogacía del Estado

Al inicio de la intervención, el letrado del equipo de Cuixart Benet Salellas ha pedido al tribunal que «restrinja» la acusación de la abogacía del Estado sólo a malversación y ha recordado que esta acusación se personó inicialmente sólo por este asunto y que, finalmente, ha acabado acusando también por sedición. «Actúa de forma indebida y pedimos al tribunal que lo arregle», ha manifestado.

También ha lamentado que las defensas no tengan toda la documentación aportada por el resto de partes y que el juicio haya empezado. Por eso, ha dicho que como solución sugieren al tribunal poder aportar nueva prueba una vez se haya incorporado toda la documental o solicitar la suspensión de algún testigo si cuando lo citen todavía no ha llegado la documentación pertinente.

Salellas ha detallado que no se trata de tener una «actitud dilatoria» ni «buscar que el juicio se alargue» sino de dar todas las garantías a la defensa.

Y ha insistido en el tribunal para que admita los 20 testiminis que les ha rechazado y también las tres periciales, incluida la de los dos expertos en orden público de la policía metropolitana de Londres.