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Juicio 1-O
Els dotze polítics independentistes acusats en l'inici del judici del procés

Los doce políticos independentistas acusados en el inicio del juicio del proceso.

EFE

El letrado de Sànchez, Rull y Turull en el tribunal: «Hagan de jueces, no de salvadores de la patria»

Jordi Pina acusa la fiscalía de evitar que el 1-O se juzgue en Cataluña

Actualizada 12/02/2019 a las 14:27

El letrado de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, Jordi Pina, ha pedido a los miembros del tribunal que «hagan de jueces, no de salvadores de la patria». Pina se ha referido a la carta a que envió el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, al magistrado instructor del 13, Juan Antonio Ramírez Suñer, cuando murió y donde le reconocía «haber cambiado el rumbo de la historia». «Parecería que los magistrados están para defender la unidad de España porque sino es imposible de entender las frases», ha manifestado. Además, ha acusado la fiscalía de evitar que el 1-O se juzgue en Cataluña. Ha recordado que la semana pasada el fiscal del caso Trapero, Pedro Rubira, (en la Audiencia Nacional) cuestionó la «imparcialidad y la serenidad» de los tribunales catalanes para juzgar los hechos. Según Pina, este hecho sirve para «obtener más luz» del por qué no se ha querido enviar la causa a Cataluña.

En la fase de cuestiones previas, el letrado Jordi Pina ha recriminado al tribunal la carta que Lesmes envió con motivo de la muerte del juez instructor del 13. Ha apuntado que la causa se «nutre» de la investigación que hizo el juzgado de instrucción de Barcelona y que es «preocupante» que Lesmes se dirigiera con aquellos términos. Por eso, ha hecho un «ruego» a la sala: «Hagan de jueces y no de salvadores de la patria porque no va de eso», ha sentenciado.

También ha aprovechado para referirse a las polémicas palabras del fiscal de la Audiencia Nacional, que cuestionaba «la falta d'imparcialidad y serenidad» de los tribunales catalanes para juzgar los hechos. «El ministerio fiscal ha cambiado el criterio general sobre la ubicuidad de donde se tiene que juzgar el caso», ha expuesto delante el tribunal.

Vulneración de derechos fundamentales
Como han hecho otros abogados, el letrado ha expuesto que el juicio supone la vulneración de varios derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva o a un juez imparcial. También ha criticado que cuatro de los magistrados formaron parte de la sala que admitió a trámite la querella inicial de la fiscalía general y los acusa de «de estar contaminados» y, por lo tanto, pide que se aparten del caso. Entre ellos, había el presidente del tribunal, Manuel Marchena.

También ha advertido que si no se les permite la traducción simultánea al catalán se estará produciendo una «discriminación lingüística» y ha lamentado que el juicio ha arrancado sin que tenga en su disposición todos los documentos aceptados por el tribunal como prueba.

Además, también ha hablado de la vulneración al derecho a la defensa y a un juicio con todas las garantías. Ha argumentado que se vulnera por el hecho de estar en prisión preventiva y que eso dificulta la preparación del juicio y ha expuesto que en Soto del Real se les han retenido durante varios días los ordenadores.

También ha pedido que parte de la prueba que se les ha rechazado se acepte. Además, ha expuesto que el tribunal no ha dicho si acepta o no acepta un pen-drive con varias imágenes del 1-O para «acreditar la violencia».

Insiste que hace falta que declare el rey Felipe VI y Puigdemont
Pina ha dicho que no quiere «importunar» el rey Felipe VI pero ha dicho que el tribunal comete «un error» cuando dice que por ley no tiene que atestiguar. «Yo interpreto que una cosa es prohibir y otra cosa es estar exento», ha dicho Pina, que cree que si el discurso del día 3 está dentro del relato de los hechos que usa la acusación se tendría que poder interrogar el monarca. «No importunamos nadie si la sala le propone esta posibilidad y si él considera que no tiene que venir, no hay ningún problema», ha manifestado.

También ha insistido al citar Puigdemont. «Todo el mundo es incapaz de entender por qué no se escuchará Puigdemont», ha expuesto Pina, que apunta que también se han citado otros investigados como Trapero y que esto no es «ninguna excusa». Además, ha defendido que el 7 de febrero Puigdemont tenía que declarar por videoconferencia en Bélgica, citado por unas diligencias previas que se investigan al juzgado 23 de Barcelona y que, por lo tanto, ahora se lo podría haber citado por esta vía. Pina también ha vuelto a pedir el testigo del síndico de greuges, Rafael Ribó, y ha recordado que Sànchez fue durante años adjunto al síndico.

El letrado ha pedido al tribunal que resuelva las cuestiones previas ahora y que no se espere a hacerlo en sentencia.

Por su parte, la abogada Ana Bernaola, en representación de Jordi Turull, ha denunciado que las defensas todavía no tienen «todas las actuaciones» aceptadas por el tribunal y ha lamentado que las sesiones el juicio hayan empezado en estas circunstancias. La letrada también cree «insólito» que no se los haya facilitar unos informes médicos de unos agentes de policía que recogen lesiones sufridas durante el 1-O amparándose en la protección de datos.

La letrada cree que hay una «vulneración» del derecho de defensa y de un juicio con todas las garantías. Bernaola ha añadido que su cliente tiene pendiente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) que si es admitido «comportaría la nulidad del procedimiento». Además, ha recordado que una sala del Supremo tiene pendiente una petición de recusación de Manuel Marchena que se verá martes de la semana que viene. Por eso, cree «lógico» que, después de celebrar las cuestiones previas, se posponga el inicio de las declaraciones de los acusados.
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