La Audiencia Nacional confirma una multa de 200.000 euros a Òmnium por el 9-N
La sala avala la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos
L'ANC anuncia que el Estado también les ha embargado 110.000 euros
Según la sentencia, para hacer el registro de datos Òmnium creó un fichero donde guardaba todas las encuestas. Toda la información se «mecanizó» a través de una aplicación facilitada por la ANC. A raíz de eso, la Agencia Estatal de Protección de Datos abrió una investigación y concluyó que se había producido una «vulneración muy grave» del artículo 7.2 de la ley de protección de datos.
El tribunal resuelve en la misma línea y asegura que lo hace después la normativa adicional tanto estatal como europea. Considera que Òmnium hizo un tratamiento de los datos de los encuestados que permitía asociar las respuestas «de carácter político» con un domicilio concreto. Eso permitía, según la Audiencia Nacional, «llevar a cabo la identificación sin grandes esfuerzos». Además, rendiréis a la entidad que «archivó» esta información y que se permitía localizar datos personales. «La información se obtuvo con a finalidad de conservarla para permitir su uso posteriormente», dice la sentencia, que especifica que eso mismo lo recogía el formulario que se entregaba a los hogares.
La sala interpreta que sólo rellenando el formulario ya se estaba expresando una opción política. «La encuesta se inclina claramente a favor de una concreta posición ideológica -la independencia de Cataluña- con la que necesariamente tiene que privarse conforme ya que si no es así no es posible contestar la encuesta, o al menos no toda», analiza la sentencia. Eso los lleva a asumir, pues, que se ha hecho un tratamiento de datos personales relacionadas con ideología, unos datos «especialmente sensibles».
La ley prevé por este incumplimiento sanciones de 300.001 hasta 600.000 euros pero la Audiencia Nacional considera «proporcionada» la cantidad de 200.000 impuesta por la agencia de protección de datos porque, cuando fueron requeridos, ANC y Òmnium borraron esta documentación y separaron a las encuestas la parte relativa a las respuestas y la referida a datos personales del encuestado y su consentimiento.