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Las consecuencias del 1-O
Imatge de L'advocat de Puigdemont

Jaume Alonso-Cuevillas, abogado, Puigdemont

Imagen de Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont.

Cuevillas ve ilegal que el gobierno español haya pagado la defensa de Llarena

El abogado de Puigdemont duda de que el juez belga deje que el Estado se defienda a sí mismo en el proceso civil contra el magistrado del Supremo

Actualizada 03/09/2018 a las 21:01

El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, cree que la justicia belga no permitirá que el Estado español se defienda como tal en la causa civil contra el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena. «El Estado no es parte de este proceso, no está acusado de nada, es una demanda civil por el derecho al honor y la presunción de inocencia de los demandantes», recuerda. «La justicia belga, como el resto de justicias europeas, es muy independiente y no entrará en consideraciones políticas, se moverá sólo en clave procesal. En este sentido, tengo dudas que dejen intervenir como tal el Estado español, porque no forma parte de este proceso. Sería incomprensible que alguien tomara la palabra en nombre de España».

En una entrevista en el digital 'El Món', Cuevillas dice que «se ha puesto en evidencia que esta falta de imparcialidad y de falta de respeto por la presunción de inocencia ya no es sólo una actitud exclusiva del señor Llarena sino de todo el Estado español. El estado vulnera la presunción de inocencia al pagar la defensa de Llarena, y eso lo percibirá Europa». «Si finalmente se resuelve positivamente para nosotros, nos dará mucha fuerza», analiza el abogado del presidente en el exilio, que remarca que el estado no las tiene todas, sobre la inocencia del juez del Supremo: «Si tan temeraria e infundada fuera la demanda, no se habrían gastado medio millón de euros para defender Llarena, por lo tanto, el estado tiene la misma percepción que nosotros, que puede ganar pero también puede perder».

Ahora bien, que el gobierno español haya destinado más de medio millón de euros a defender a una persona a título privado por una demanda civil podría no ser legal. Cuevillas asegura que el equipo de abogados estudian esta cuestión, entendiendo que «desde el punto de vista administrativo, la contratación del gabinete de abogados belgas es irregular, en base a las condiciones administrativas de contratación, porque la única explicación es que hayan utilizado el procedimiento de emergencia. Pero este procedimiento está pensado sólo para casos de catástrofe nacional o cuestiones de defensa nacional», señala.
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