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Las consecuencias del 1-O
Imatge de la furgoneta que ha traslladat a l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el conseller destituït, Jordi Turull, al Tribunal Suprem.

Turull reclama la libertad porque todavía tiene tiempo de ser investido

Imagen de la furgoneta que ha trasladado a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el conseller destituido, Jordi Turull, en el Tribunal Supremo.

Turull reclama la libertad porque todavía tiene tiempo de ser investido

Forcadell reprocha en el Supremo que «en ningún sitio más» hay presidentes de parlamentos encarcelados para permitir el debate parlamentario

Actualizada 09/05/2018 a las 15:11

El consejero|conseller destituido de Presidencia, Jordi Turull, ha reclamado a los magistrados de la Sala de Apelaciones que lo dejen salir en libertad porque todavía es a tiempo de ser investido y demostrar que quiere «extender puentes de diálogo» con el Estado, tal como defendió durante el debate fallido de investidura. En el último turno de palabra, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha reprochado a los magistrados que esté encarcelada por haber permitido el debate parlamentario y ha criticado que eso no pasa «en ningún sitio más». Todas las defensas han remarcado que mientras estuvieron libres siempre atendieron los requerimientos judiciales y se presentaron puntualmente a firmar en los juzgados. Ahora bien, la Fiscalía, la abogacía del Estado y la acusación popular (ejercida por VOX) han pedido a los magistrados que mantengan Rull, Turull, Forcadell, Bassa y Romeva porque aprecian riesgo de huida (ante la proximidad del juicio) y de reiteración delictiva.

La Guardia Civil ha trasladado a dependencias del Supremo sólo a Carme Forcadell y Jordi Turull, ya que Rull, Bassa y Romeva han optado por no estar presentes en la sala. Al final de la vista de apelación, los dos han hecho una breve intervención delante de los tres magistrados del tribunal, que habrán ahora de decidir si confirman la decisión de Llarena del pasado 23 de marzo de encarcelar o, si bien, los deja en libertad provisional. La decisión del tribunal se conocerá en los próximos días.

Según ha explicado el abogado de Turull, Jordi Pina, el conseller destituido de Presidencia ha aprovechado para reiterar su «voluntad de diálogo» y ha mostrado su «extrañeza» por el hecho de que en un país democrático «se encarcele un candidato en medio de un debate de investidura». En este sentido, ha pedido a los magistrados que enmienden Llarena y lo dejen salir porque todavía es a tiempo (el plazo se acaba el 22 de mayo) para estar invertido y hacer realidad su programa electoral.

El abogado ha explicado que han adjuntado el diario de sesiones del Parlament del 22 de marzo cuando Turull no consiguió el apoyo para ser investido presidente. Según Pina, el programa electoral estaba presidido por la palabra «diálogo» y Turull ha pedido poder salir para demostrar que «quiere extender puentes con el gobierno español».

Tal como ya declaró delante de Llarena durante las declaraciones indagatorias, Turull ha vuelto a exponer sus dudas sobre la «imparcialidad» de la justicia y ha dicho que se considera un «preso político».

Forcadell se defiende
La expresidenta del Parlament Carme Forcadell también ha aprovechado el último turno de intervención. Según ha explicado su letrada, Olga Arderiu, ha defendido su inocencia y ha denunciado que «en ningún sitio más» hay un presidente de una cámara encarcelado «por haber permitido el debate parlamentario». Forcadell también ha puesto de manifiesto las diferencias que hay entre su procesamiento por rebelión y el de los miembros de la Mesa, que lo están por desobediencia.

Ha defendido que si la dejan libre acatará todas las medidas cautelares que le impongan, se ha descrito como pacifista y ha asegurado que nunca emprenderá ninguna acción que comporte violencia.

Rizo y la «falta de confianza» en el Supremo
El conseller destituido Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha decidido no asistir personalmente a la vista. A través de su cuenta de Twitter, el martes daba los motivos y mostraba su falta de confianza en los jueces del Supremo. «Mañana no asistiré a la vista contra el auto de prisión. Presentamos la apelación básicamente para ir con más argumentos a Estrasburgo. Mi confianza en la justicia que pueda impartir el Supremo es perfectamente descriptible. Hoy todo hace pensar que el Tribunal Supremo y justicia es un oxímoron», recoge el tuit.

El abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, ha apuntado delante de los magistrados que tienen la oportunidad de «no «castigar» a aquellos procesados que han comparecido siempre ante el tribunal.

Defienden que han cumplido las cautelares
Todas las defensas han sostenido ante el juez que «la mejor manera de devolver a la normalidad democrática» es dejar libres a los presos preventivos. Han recordado a los magistrados que los cinco estaban en libertad provisional desde el 4 de diciembre -por decisión de Llarena- y que nada cambió para decidir que devolvieran a la prisión el pasado 23 de marzo.

Han apuntado que siempre habían atendido los requerimientos del tribunal y que han ido puntualmente a firmar mientras estuvieron en libertad provisional. En este sentido, pues, piden que puedan volver a salir libre porque se comprometen a cumplir con las medidas cautelares.

El letrado del conseller destituido Raül Romeva, Andreu van den Eynde, ha preguntado directamente a los magistrados por qué consideran que hay riesgo de huida ahora y no antes.

Acusaciones mantienen acusaciones
Unos argumentos, sin embargo, que no han convencido las acusaciones. Abogacía del Estado, VOX y Fiscalia que solicitan a los magistrados que los mantengan en la prisión.

En una nota de prensa, el ministerio público considera que se mantienen los indicios de criminalidad respecto de los delitos de rebelión y, en el caso de los exmiembros del Gobierno, también de malversación. «Concurren los fines constitucionalmente legítimos para evitar el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de huida de los cinco procesados», recoge el comunicado.

Por parte de VOX, el abogado Javier Ortega asegura que han intentado «rebatir con argumentos políticos unos hechos jurídicos» y ha criticado que se sigan autodenominando «presos políticos». «Lo que eran pruebas indiciarias ahora son certezas probatorias», ha defendido Ortega, que asegura que con la proximidad del juicio –y ante la posibilidad de petición de penas altas- el riesgo de huida aumenta.
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