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Las consecuencias del 1-O
Carles Puigdemont.

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Llarena no acredita a la justicia alemana las pruebas de malversación contra Carles Puigdemont

El juez del Tribunal Supremo señala que «no puede informar de una manera definitiva» sobre el supuesto uso de fondo públicos para el referéndum del 1-O

Actualizada 08/05/2018 a las 12:11

El juez del Tribunal Supremo no pudo acreditar completamente las pruebas de malversación por las cuales quiere conseguir la extradición de Carles Puigdemont en el Estado, en un informe que remitió al Tribunal de Schleswig-Holstein que ha avanzado el Ara este martes y en el cual ha podido acceder la ACN. En un informe de nueve páginas remitido el pasado 23 de abril, el juez instructor del Supremo señala que no puede informar a la justicia alemana «de una manera definitiva» ya que entonces no disponía de la información de que requirió al Ministerio de Hacienda después de que el ministro Cristóbal Montoro afirmara en una entrevista a El Mundo que en el referéndum y su preparación no se prepararon con dinero público. Llarena también explica cómo pidió esta información –finalmente remesa a principios de mayo- con la «mayor brevedad».

El juez también constata como después de la entrevista en Montoro diversos de los políticos encarcelados negaron la existencia de un delito de malversación y esgrimieron las declaraciones del ministro para reforzar su inocencia. En todo caso, sin embargo, Llarena deja claro que «mientras la incompatibilidad no se evidencie» entre las afirmaciones del ministro y lo que aseguraba al titular de Hacienda «este instructor reconoce la fuerza de los indicios en las qué se asienta el procesamiento por|para un delito de malversación de fondos públicos».

En el documento, Llarena da un repaso – a partir de la información aportada por la Guardia Civil- de los «indicios» sobre los cuales considera que se destinaron dinero público al 1-O, en sus campañas de promoción y en los supuestos pagos en Unipost para enviar un total de 56.196 unidades y más de cinco millones de tarjetas censales.

Desde principios de mayo, el juez instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena ya tiene sobre su mesa el informe del Ministeri d'Hisenda sobre el control financiero de la Generalitat. En una providencia del 18 de abril, Llarena requirió directamente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que enviara información «con la mayor brevedad posible» para acreditar que no había habido malversación el 1-O, tal como había afirmado en la entrevista a El Mundo .

Hasta ahora, la Guardia Civil sostiene que se desviaron 1,9 MEUR de dinero público para pagar el referéndum. Fuentes del Ministeri d'Hisenda explicaron que se enviarían dos tipos de informaciones: el informe propiamente dicho y toda la documentación contable del control del Estado sobre las cuentas del Gobierno. Las mismas fuentes ya apuntaban que los criterios que defiende al ministro y los que constan en los informes policiales «cuadrarán».
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