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Las consecuencias del 1-O
Els advocats, llegint el manifest davant dels jutjats de Tarragona.

Abogados catalanes ven «desproporcionada» la prisión provisional para los políticos

Los abogados, leyendo el manifiesto ante los juzgados de Tarragona.

Abogados catalanes ven «desproporcionada» la prisión provisional para los políticos

Han leído un manifiesto también en Tarragona y en Reus

Actualizada 26/03/2018 a las 16:22

Los decanos de los Colegios de la Abogacía de Cataluña han calificado este lunes de «desproporcionada e inconveniente» la prisión provisional contra los cinco líderes políticos encarcelados el viernes por orden del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. En este sentido, aseguran que «no se dan los supuestos para aplicarla» y «nada ha cambiado desde las anteriores decisiones que los dejaban en libertad, como tampoco se ha individualizado ningún argumento respecto de cada uno de ellos que permita privarles de tan fundamental derecho». También afirman que «sin violencia no hay rebelión, y las dudas tanto materiales como jurídicas sobre su existencia no podrían articularse en contra de los investigados».

En un comunicado, el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC) cree que la prisión provisional tiene que ser una «medida restrictiva y excepcional, tratada con especial cuidado» para que no sea considerada un «abuso», y tampoco «puede limitar derechos fundamentales civiles». Así, recuerda que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pidió hace unos días al estado que garantice el derecho político de Jordi Sànchez, y por eso reclaman que los políticos electos «puedan ejercer sus legítimos derechos civiles de representatividad política, con respecto a ellos mismos y a los que los han votado».

Los abogados han realizado algunas manifestaciones durante la mañana en los juzgados, entre ellas en Tarragona y en Reus, donde han leído un manifiesto.

Por todo eso, reclaman una «reflexión seria» sobre algunas de las recientes decisiones del tribunal, que han provocado «serias dudas y reproches» de instituciones garantes de los derechos humanos y operadores jurídicos independientes. Piden que se dejen sin efecto algunas decisiones y que no se repitan en el futuro.

Finalmente, piden una oportunidad por el derecho y que políticamente haya «inteligencia» para superar el conflicto, «con con respecto a las leyes y sin unilateralidades», y que se tengan en cuenta los intereses colectivos. «Un pueblo que se esfuerza por convivir en paz, que practica los valores de la solidaridad y pone la libertad por delante de toda fórmula de convivencia, merece una respuesta de calidad que sólo la política, y no la justicia, le puede proporcionar», finaliza.
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