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La defensa de Sànchez pide al Supremo y al TC su libertad o que le permitan asistir al pleno de investidura

El escrito del abogado sitúa la convocatoria del pleno para el próximo 12 de marzo, aunque Torrent no ha hecho pública la fecha

Actualizada 06/03/2018 a las 10:49

La defensa de Jordi Sànchez ha presentado este martes dos escritos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional donde pide que sea liberado o bien que se le permita salir de la prisión para asistir al pleno de investidura. En los escrito, su abogado, Jordi Pina, sitúa el pleno de investidura en el 12 de marzo, aunque el presidente del Parlament, Roger Torrent, no ha hecho pública todavía la fecha. Torrent firmó el lunes el acuerdo que propone Sànchez como candidato. En los escritos, el letrado reitera que se tiene que garantizar el derecho político del candidato y de sus votantes y también argumenta que no dejarlo asistir al pleno supondría alterar el normal funcionamiento de las instituciones catalanas. Además, cita el precedente del 'Caso Yoldi', cuando en la década de los 80 la Audiencia de Pamplona dio permiso a un preso preventivo de ETA -Juan Carlos Yoldi- para que asistiera al pleno de investidura ya que había sido designado candidato por Herri Batasuna. Considera que fue una decisión «valiente» y que el tribunal amparó los derechos fundamentales de un ciudadano «a pesar de la gravedad de las imputaciones» que pesaban sobre él.

Después de que Roger Torrent hiciera oficial el lunes la candidatura de Sànchez a presidente de la Generalitat, su defensa ha movido pieza. Con fecha de 6 de marzo, ya ha presentado ante el juez instructor del Tribunal Supremo y también al Tribunal Constitucional dos escritos donde pide que se le revoque la prisión incondicional y pueda salir en libertad, o bien que se lo deje asistir al pleno de investidura.

Además, en el escrito, el abogado adelanta la fecha del pleno de investidura, que sitúa en el próximo 12 de marzo. Hasta ahora, el presidente del Parlament no la había hecho pública, y ha sido el letrado de Sànchez que lo ha desvelado a través de los escritos presentados a los tribunales.

Los argumentos
En el escrito presentado en el Supremo –de 18 páginas- el abogado pide a Pablo Llarena que libere Sànchez y dice que es la manera «más adecuada» de garantizar no sólo el con respecto a la presunción de inocencia, sino también su derecho político y los de aquellos que lo votaron. Además, apunta que también serviría para «preservar el normal funcionamiento» de las instituciones catalanas y la «plena legitimidad democrática» del futuro ejecutivo catalán.

El letrado apunta que tanto en las declaraciones ante el juez como también a través de sus actos, Sànchez ha demostrado «la voluntad real de actuar políticamente de manera siempre pacífica y respetuosa con la legislación vigente». Añade que pedir ahora la libertad para que sea presidente significa una «muestra evidente» de la voluntad del candidato y de todo su grupo parlamentario de «respetar las decisiones del TC aunque no se comparta su contenido».

En el escrito, se remarca también la diferencia de criterio que, según el abogado de Sànchez, existe hacia su representado ya que hay de otros imputados a la misma causa que también son diputados pero que están en libertad provisional después de pagar una fianza (el caso más reciente, el de la republicana Marta Rovira).

Pina también hace referencia a una de las novedades procesales de la semana pasada, cuando el juez decidió declarar compleja la causa. Un hecho que permite alargar la instrucción hasta 18 meses. En este caso, el abogado entiende que es «aconsejable» moderar las medidas cautelares actuales porque la instrucción no será breve y así «se evitan graves prejuicios en sus derechos fundamentales».

Precedente: el 'Caso Yoldi'
En caso de que el juez no responda el escrito decretando libertad para Sànchez, el abogado pide, de manera subsidiaria, que le permitan asistir al pleno del 12 de marzo. El letrado de la defensa apunta a un caso anterior que tuvo lugar en los años 80 cuando la Audiencia de Pamplona dio permiso a un preso preventivo de ETA -Juan Carlos Yoldi- para que asistiera al pleno de investidura ya que había sido designado candidato por Herri Batasuna.

El abogado valora «la valentía» de aquellos magistrados y dice que es un precedente que «hay que tener en cuenta» ya que es un «ejemplo de independencia y coraje judicial» ya que la decisión se tomó con opiniones en contra. Apunta, además, que ahora se vive también una situación política «convulsa» pero sin violencia ni terrorismo, como sí pasaba en la época de ETA.

En el escrito, adelanta que si el juez se niega a darle el permiso eso situaría el Estado ante el «riesgo» de una futura condena por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y también dice a Llarena que no tienen que tener «trascendencia» a la hora de resolver el escrito las «limitaciones» con las que el candidato pueda encontrarse a la hora de ejercer el cargo de presidente.

Sobre el riesgo de que su salida pueda alterar el orden público, el letrado sostiene el contrario y dice que no hay razones «sólidas» que demuestren que mantenerlo en la prisión sea una garantía más adecuada para preservar el orden público que acceder a darle permiso.

Escrito al TC
En un escrito mucho más breve, de sólo cuatro páginas, el letrado de la defensa también solicita la puesta en libertad de Sànchez y que resuelva la petición antes del 12 de marzo, día del pleno de investidura. El pasado 5 de febrero, el TC admitió a trámite los recursos de amparo por vulneración de derechos fundamentales presentados por Sànchez y Cuixart el pasado 22 de noviembre, cuando su causa todavía estaba en la Audiencia Nacional.

El abogado dice que la Fiscalía no ha presentado alegaciones en el plazo estimado y además hace referencia al caso Blanquerna, donde el TC suspendió la entrada en la prisión de los condenados. Considera, además, que no dejarlo asistir al pleno supondría una «grave alteración sin precedentes» en el régimen constitucional vigente ya que la voluntad expresada en las urnas no se podría llevar a cabo. Alega también que supondría un «daño grave para la credibilidad nacional e internacional» del ordenamiento constitucional.
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