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Las consecuencias del 1-O

El Parlament avala la legitimidad de Puigdemont sin ratificar la DUI

El texto acordado por los independentistas reivindica la voluntad expresada en el 1-O y habla «de acción republicana de gobierno»

Actualizada 01/03/2018 a las 14:46

El Parlament ha aprobado con los votos de JxCat, ERC y la CUP avalar la legitimidad de Carles Puigdemont para ser candidato a la presidencia de la Generalitat teniendo en cuenta los resultados del 21-D. El texto acordado para los independentistas también exige que cesen las injerencias del Estado delante del TC para impedir la voluntad expresada en el 1-O. Un punto polémico porque los letrados han hecho una advertencia en la reunión de la Mesa. Eso ha hecho que Cs y el PSC no hayan participado en la votación de este punto. De hecho, Cs tampoco ha querido votar en ninguno de los puntos del texto acordado para los independentistas. Así pues, el texto aprobado no hace ninguna referencia a la declaración de independencia del 27 de octubre como quería la CUP. Se limita a constatar que tienen mayoría las formaciones favorables «a una acción republicana de gobierno y a la constitución de Cataluña en un estado independiente en forma de república». El Parlament también ha aprobado a propuesta de los comunes que no se destine dinero público a las escuelas que segregan por sexo y ha afianzado la defensa de modelo de escuela en catalán.

La resolución independentista aprobada
La literalidad de la propuesta de resolución aprobada por el pleno, presentada por JxCat y transaccionada por la CUP, constata que las elecciones del 21 de diciembre «han ratificado la mayoría favorable a las fuerzas indendependentistes» y, por lo tanto, «a las formaciones políticas favorables a una acción republicana de gobierno y a la constitución de Cataluña en un estado independiente en forma de república».

Sin embargo, no ratifica en ningún momento la declaración de independencia ni reivindica lo que pasó el 27 de octubre al Parlament, tal como quería inicialmente a la CUP. Respecto Carles Puigdemont y su figura, el texto aprobado observación que fue investido en el 2016, que superó una moción de confianza y que «ha sido avalado a raíz del resultado de las elecciones del 21 de diciembre de 2017 (que configuraron una mayoría independentista en esta cámara), para ser el legítimo can­didat del Parlament a la presidencia de la Generalitat en esta legislatura». También se manifiesta que Puigdemont «sigue contando con la mayoría parlamentaria suficiente, surgida de las urnas y revalidada el 21 de diciembre, para poder ratificarle la confianza como Presidente,» avalando así su legitimidad como candidato y presidenciable. Sin embargo, por ningún sitio se pide que sea él la persona investida ni que sea un papel sólo reservado para él.

De la misma manera, la resolución aprobada exige «que cesen las injerencias del gobierno del Estado delante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional que pretenden impedir la materialización de esta voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el Referéndum de autodeterminación de Cataluña de I'1 de Octubre». Esta parte, justamente, es una de las que más polémica ha causado, porque los letrados se han referido a la reunión de la Mesa avisando de que podría contravenir las resoluciones del TC y sus advertencias hechas durante la pasada legislatura.

Por otra parte, centrándose en el proceso que inició el gobierno español para desmantelar la independencia, la resolución manifiesta «el rechazo más absoluto» del Parlament al 155 «así como» sus efectos sobre las instituciones democráticas catalanas, que han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes, restringido las facultades de soberanía de sus instituciones legítimas y cesado sus representantes escogidos democráticamente y exige, por lo tanto, poner fin a su aplicación de manera inmediata».

Las propuestas rechazadas
La de JxCat ha sido la única propuesta de resolución aprobada, pero al pleno se han debatido textos también presentados por Cs, PSC, Catalunya en Comú-Podem y el PPC. Y en estos documentos también ha habido puntos que se han aprobado. Uno de ellos ha sido la parte de la propuesta de CatECP que asegura que el Parlament «afirma su representación de la ciudadanía de Cataluña» y que «no puede ser sustituida por otros organismos, como espacio de diálogo y soluciones». En este sentido, emplaza a la Mesa del Parlament a «preservar esta representación así como todas las funciones que se derivan». Esta parte de la resolución de los comunes es interpretada por algunos como un punto de alerta a las funciones que se le podrían querer otorgado en la estructura de Bruselas que capitanearía a Carles Puigdemont. La propuesta ha sido aprobada con 55 votos favorables, 44 en contra y 32 abstenciones.

También se ha aprobado -con el voto en contra de Cs y PPC y la abstención del diputado del grupo del PSC-Units y líder de Units per Avançar, Ramon Espadaler- un punto de los comunes que pide «defender el modelo de escuela pública catalana y su modelo lingüístico como conquista popular alcanzada en los años ochenta» y manifiesta que «no puede ser puesto en cuestión por decisiones tomadas por el gobierno del Estado fuera de sus competencias». Igualmente, se establece que «no se puede destinar dinero público a aquellos modelos educativos que segregan por sexos». Espadaler ha argumentado su voto diferenciado de su grupo por la segunda parte que hace referencia a la segregación en las escuelas.

Del resto de las propuestas, el pleno no ha aprobado ninguno de los puntos relevantes que presentaban los grupos. Cs denunciaba, a su resolución, el intento de «patrimonialización» de las instituciones en general y del Parlament en particular, y pedía «acabar la situación de bloqueo de la investidura», instando al presidente de la cámara a arbitrar los mecanismos necesarios para que esta se haga «de manera inmediata» según consta en el reglamento, el Estatuto y la Constitución.

En el caso del PSC-Units, el texto reclamaba que el Parlamento dé por iniciado el plazo de dos meses establecido por la ley de Presidencia de la Generalitat, que determina que una vez agotados, y si no se ha investido un presidente, se tendrán que convocar elecciones. La propuesta pedía también que «se invista el más bien posible un presidente o presidenta que pueda ejercer legalmente y plenamente sus funciones y sea capaz de formar un gobierno estable» con «con respecto al marco constitucional». Por último, el PPC reclamaba explícitamente que el Parlament posicionara sobre el plazo de dos meses para negociar una investidura antes de que se convoquen automáticamente elecciones. La idea es pedir al pleno que corran los plazos para negociar esta investidura.
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