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Las consecuencias del 1-O
Els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, arribant a l'Audiència Nacional aquest 16 d'octubre.

Sànchez y Cuixart piden desde prisión «serenidad» y «calma» en las movilizaciones para su liberación

Los presidentes de Òmnium Cultural y l'ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, llegando a la Audiencia Nacional este 16 de octubre.

'Alzamiento tumultuario pacífico', un delito «inventado» por la jueza, segundos abogados de Barcelona

La comisión de defensa de los derechos de las personas del ICAB cree que el encarcelamiento de Sànchez y Cuixart «no se ajusta a derecho»

Actualizada 17/10/2017 a las 17:12

La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha criticado este martes que la magistrada Carmen Lamela de la Audiencia Nacional española ha «construido» un nuevo delito «diferente del legal» que consiste en el delito de sedición con «alzamiento tumultuario pacífico», pero igualmente delictivo «si persigue una finalidad política no contemplada en la constitución vigente». Así, considera que el encarcelamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart «no se ajusta a derecho» por varios motivos.

Para empezar, considera que el delito de sedición no tendría que ser juzgado en la Audiencia Nacional, si no en los juzgados de Barcelona, porque se trata de un delito de orden público. Aunque Lamela argumentó que se trataba de un intento de subvertir el ordenamiento constitucional español, la comisión recuerda que los delitos contra la forma de gobierno no están previstos en el Código Penal actual, y que sólo con el Código Penal de 1973 se podría justificar que se incluyera la sedición como delito contra el gobierno establecido.

Por eso, considera que se está haciendo una «distorsión del derecho vigente» y se está aplicando el «derecho penal del enemigo» para vulnerar los derechos y libertades de reunión, manifestación, expresión y participación política.

Por último, rechazan la «instrumentalización del sistema judicial para resolver conflictos políticos», que supone una «clara erosión de la legitimidad de las instituciones y de la calidad democrática en general».
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