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Las consecuencias del 1-O
El major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, sortint de l'Audiència Nacional el 16 d'octubre de 2017

La jueza deja libre Trapero con medidas cautelares

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, saliendo de la Audiencia Nacional el 16 de octubre de 2017

La jueza deja libre a Trapero con medidas cautelares

La magistrada descarta la prisión que pedía fiscalía pero retira el pasaporte al mayor de los Mossos

Actualizada 16/10/2017 a las 21:35

La jueza Carmen Lamela ha dejado en libertad al mayor de los Mossos D'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aunque le ha impuesto algunas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. De esta manera, la magistrada ha descartado la petición que ha hecho la Fiscalía de prisión provisional después de la declaración de Trapero ante la Audiencia Nacional. Entre las medidas cautelares acordadas, también hay comparecencias quincenales y la prohibición de salir del territorio español. Además, tendrá que facilitar un número de teléfono y fijar una persona de contacto para recibir cualquier notificación. En un auto, la magistrada advierte que el incumplimiento de alguna de estas medidas puede comportar el agravio de estas medidas, pudiendo llegar a decretar la prisión provisional. La jueza limita por ahora la investigación a los días 20 y 21 de septiembre y señala a los presidentes del ANC y Òmnium Cultural como principales responsables de las protestas de aquellos días.

Lamela ha aplicado a Trapero las mismas medidas cautelares que este lunes 16 de octubre al mediodía ha decretado para la intendente Teresa Laplana, por quien la Fiscalía había pedido prisión eludible con fianza de 40.000 euros. A Trapero y Laplana, la jueza los ha retirado el pasaporte, los prohíbe salir de territorio español, los obliga a comparecer cada quince días a los juzgados, los pide que fijen un teléfono de contacto y un domicilio, y que indiquen una persona para recibir cualquier tipo de notificación. En los dos casos, avisa que en caso de incumplimiento de alguna de las medidas, se podrá agravar las medidas cautelares, sin descartado la prisión provisional.

En una interlocutoria de doce páginas, la magistrada limita la investigación a los hechos del 20 y 21 de septiembre, días de las protestas por la operación de la Guardia Civil contra la organización del referéndum. La magistrada, pues, no amplía de momento el alcance de la investigación a otras jornadas, a pesar de que el atestado presentado por la Guardia Civil incluía material relacionado con la jornada del 1 de octubre. Aún así, se reserva la posibilidad de ampliar las investigaciones más adelante.

Lamela califica de «muy graves» los hechos del 20 y 21 de septiembre, que considera que se pueden enmarcar en un delito de sedición, pero al mismo tiempo considera que la actuación de Trapero en aquellas jornadas «no aparece todavía suficientemente perfilada hasta el punto de poderlo vincular a estos hechos tan graves», a pesar de que no descarta hacerlo en un estado más avanzado de las investigaciones.

Además, añade que Trapero ha dado algunas explicaciones sobre el dispositivo de aquel día que «coinciden en parte» al que han manifestado los dos agentes de la Guardia Civil y la letrada del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que este lunes han declarado como testigos. «Ha señalado que se abrieron pasillos para los detenidos y para la salida de la comisión judicial que después no fueron utilizados en los momentos en que estaban previstos» y que «no actuaron contra los concentrados al estimar que, dado el volumen, podría haber generado una grave alteración del orden público sin consecuencias prácticas», relata la juez.

«Parte de estas declaraciones coinciden con el que han declarado los testigos», remacha, «a través de los cuales se ha tenido conocimiento que a lo largo de la jornada se fueron enviando unidades de mediación de los Mossos y también agentes de escolta que fueron precisamente quienes finalmente acompañaron a la letrada» en su salida del Departamento de Economía.

La jueza valora que Trapero y Laplana tienen residencia y domilici conocidos y trabajo estable, y añade que, como que la investigación se centra en los días 20 y 21 de septiembre, «la posibilidad de reiteración delictiva» no aparece «delimitada».

Apunta a Sànchez y Cuixart
En el relato de los hechos que hace la jueza de los días 20 y 21, la jueza recuerda que las concentraciones fueron promovidas por «diferentes asociaciones soberanistas», pero sitúa como las «más destacadas» la de ANC y Òmnium. Lamela añade que se hizo un llamamiento para la «protección» de gobernantes e instituciones, en algunos casos «para parar la Guardia Civil».

La jueza describe hechos de aquel día, como por ejemplo que algunos de los concentrados «pincharon ruedas y destrozaron varios coches patrulla», otro impidieron a los agentes e integrantes de la comitiva judicial abandonar los edificios que se estaban registrando, y otros «se sentaron sobre el asfalto delante de coches y furgonetas de la Guardia Civil para impedir su movilidad». También añade que otros «empujaron a los agentes y bloquearon la salida de un vehículo de la Guardia Civil».

Según la jueza, Sànchez y Cuixart «se erigieron como interlocutores de la concentración, afirmando que podían mover a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos cinco veces con las fuerzas de seguridad», pero «planteando diferentes opciones que los convenían exclusivamente para sus finalidad políticas». «Pero nunca aceptaron aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir riesgos», añade, y «este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez».

En la interlocutoria, la jueza recoge declaraciones de Sànchez de aquellas jornadas como por ejemplo «que nadie se vaya a casa, será una noche larga e intensa», o que tanto él como Cuixart hicieron un llamamiento a «la movilización permanente» subidos encima de un coche de la Guardia Civil.
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