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En marcha el Consejo de Ministros extraordinario donde se podría aprobar un requerimiento en Puigdemont como paso previo al 155

Rajoy podría preguntar a Puigdemont que explique los términos de su declaración y certifique si declaró la independencia

Imagen del Consejo de Ministros extraordinario de este 11 de octubre.

En marcha el Consejo de Ministros extraordinario donde se podría aprobar un requerimiento en Puigdemont como paso previo al 155@desdelamoncloa

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El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, preside desde las 9 de la mañana el Consejo de Ministros extraordinario convocado después de la comparecencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament de Catalunya. A la reunión del gobierno español se podría aprobar enviar un requerimiento al presidente de la Generalitat para que explique los términos de sus manifestaciones a la cámara catalana y aclare si efectivamente declaró la independencia de Cataluña. El requerimiento se podría convertir en el paso previo a la aplicación del artículo 155 para la suspensión de competencias de la Generalitat, y habría que ver qué plazo establece La Moncloa para que le pueda dar respuesta. El presidente español se reunió este martes por la noche en La Moncloa con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y mantuvo contactos con el de Cs, Albert Rivera, en lo que según apuntó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la búsqueda del «máximo consenso» con respecto a las medidas que adoptará.

El artículo 155 de la Constitución española establece que si una Comunidad Autónoma no cumpliera las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuara de forma que «atente gravemente contra el interés general de España», el gobierno [español] podrá adoptar «las medidas necesarias para obligar aquella al cumplimiento forzoso de estas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».

El primer paso es, pues, que el Consejo de Ministros se reúna y acuerde enviar un requerimiento a Puigdemont. El plazo que tendría el presidente para responder no está estipulado en la Constitución, de manera que el gobierno español tiene margen para determinar lo que considere oportuno.

En caso de que no se recibiera ninguna comunicación del Gobierno o bien la respuesta no fuera satisfactoria, los ministros se tienen que volver a reunir para aprobar un informe que detalle ya las medidas que piensan aplicar en Cataluña.

Este documento se envía entonces a la Mesa del Senado, que tramita el informe y lo hace llegar a la Comisión general de las comunidades autónomas. Esta comisión tiene que enviar un segundo requerimiento a Puigdemont y se le pide que aporte toda una serie de documentación o alegaciones en relaciones en las medidas que el gobierno español propone tomar en aplicación del 155. También se mujer la opción al presidente de designar, si lo considera procedente, a la persona que asuma la representación de estos efectos.

Una vez recibida la respuesta del presidente de la Generalitat, la comisión debate y somete a votación el informe elaborado por el Consejo de Ministros y también puede proponer «condiciones o modificaciones». El reglamento del Senado tampoco establece un plazo para estos trámites.

Este informe que salga de la Comisión general de las comunidades autónomas se debatirá, finalmente, en el plenario del Senado. El reglamento establece que podrán intervenir los portavoces de cada grupo y que tendrán dos turnos de intervención de un máximo de 20 minutos. La aplicación del 155 se tendría que aprobar por mayoría absoluta, como la que ya dispone el PP.

Según los cálculos iniciales del gobierno español, todos estos pasos se podrían dar con un máximo de cinco días. Ahora, sin embargo, insisten en que pueden llegar a aplicar este artículo (que nunca antes se ha utilizado en democracia) en un plazo menor.

Cóctel de medidas

Fuentes del ejecutivo español explicaban este martes -antes de la comparecencia de Puigdemont- que tenían estudiado un cóctel de medidas a adoptar en caso de declaración de independencia. Además del 155 incluyen el uso de la vía penal mediante la Fiscalía, la Ley de Seguridad Nacional y también la declaración del Estado de alarma, tal como se hizo en el 2010 durante la crisis de los controladores aéreos y de excepción.

También la apelación en el TC para que adopte las medidas «coercitivas» de que dispone para la suspensión de cargos que incumplen sus resoluciones.

Imagen del Consejo de Ministros extraordinario de este 11 de octubre.

En marcha el Consejo de Ministros extraordinario donde se podría aprobar un requerimiento en Puigdemont como paso previo al 155@desdelamoncloa

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