Montoro comunica la intervención total de las finanzas de la Generalitat y le retira la gestión de 4.500 millones

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha enviado una carta a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en que le comunica la intervención total de las finanzas del ejecutivo catalán. En la misiva, declara la «no disponibilidad de créditos» para nuevos gastos que no estén incluidos en los anexos I y II del acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno por Asuntos Económicos del 20 de noviembre del 2015, que recogen gastos de servicios básicos, entre otros. Fuentes del ministerio de Hacienda han concretado que esta no disponibilidad de créditos supone la retirada de la gestión de unos 4.500 millones de euros.

El acuerdo de no disponibilidad «supondrá la emisión de los correspondientes certificados de retención de crédito que garanticen el cumplimiento del acuerdo», expone Montoro en la misiva. Este acuerdo también afectará a los créditos presupuestarios correspondientes a transferencias procedentes de la Generalitat o de entidades públicas hacia otras entidades del sector público.

En la carta también se explica que «excepcionalmente», el ministerio de Hacienda podrá permitir nuevos gastos y por lo tanto revocar parcialmente el acuerdo de no disponibilidad, si lo pide la interventora general y se justifica que es «urgente» y «de extraordinaria necesidad».

La medida se ha comunicado después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no haya enviado el acuerdo de no disponibilidad que le reclamaba el ministerio y una vez han pasado las 48 horas que dio el gobierno español para que lo hiciera.

Otra carta, destinada a Junqueras

Esta carta de Montoro se suma a la que el mismo ministro también ha enviado al vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, para comunicarle que la orden que implica la intervención de las finanzas ya es «de obligado cumplimiento» y le adjunta al modelo de certificación que a partir de ahora los órganos de contratación y los interventores tendrían que entregar para certificar que las prestaciones de bienes y servicios no tienen relación con la financiación «ninguna actividad ilegal».