Diari Més

Una marcha de tractores de dos días y medio reclamará «dignidad» para el campesinado

La protesta, organizada por el sindicato agrario Unió de Pagesos, tendrá diferentes punto de inicio por toda Cataluña

Plano general de la marcha de tractores circulando por|para la C-14 a Reus el 13 de agosto del 2016

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Una marcha de tractores con varias columnas que saldrán desde diferentes puntos de Cataluña recorrerá durante dos días y medio el país para reclamar apoyo y «dignidad» para la actividad agraria. El recorrido, que arrancará el próximo jueves 26 por la mañana, confluirá y culminará el sábado 28 al mediodía con una concentración en la plaza de Maria Cristina de Barcelona. La bautizada como a 'Marcha Campesina por la dignidad' es la protesta más ambiciosa que organiza el sindicato agrario Unió de Pagesos en un momento que considera clave y oportuno. Por una parte, ante la definición de un «modelo de nuevo país» que respete y valore la actividad agraria, pero también, con efectos más inmediatos, para evitar nuevos «recortes» a los presupuestos de la Generalitat que afecten los recursos para los Planes de Desarrollo Rural. El sindicato, que cubrirá los gastos de los tractores y organiza autocares para la concentración final de Barcelona, ha hecho un llamamiento a la participación.

Con el hashtag #marxapagesa ya en marcha, el sindicato agrario ultima los preparativos de la movilización de mayor dimensiones que nunca ha organizado. Los responsables del sindicato no han querido adelantar cifras de previsiones, pero confían en que la respuesta del sector sea masiva. «Intentamos interpelar a la sociedad y al Gobierno de todo aquello que nos pasa. Durante los últimos quince años quedamos poco más del 1% de campesinos en el territorio. Eso no es casualidad: es porque la renta agraria ha caído un 40%. Si queremos un nuevo país con campesinos, alguna cosa tendremos que cambiar», ha manifestado el responsable de Sectores Agrícolas de la Comisión Permanente, Rafel Verdiell.

Las primeras columnas de tractores saldrán el jueves, 26 de enero, por la mañana desde quince poblaciones cabezas de ruta, situadas en las regiones del país más alejadas de la capital –Terres de l'Ebre –Tortosa, Amposta, Deltebre y Gandesa-, Ponent –Juneda, Lleida, Balaguer, Tremp y Solsona-, Pirineu –la Seu d'Urgell y Alp-, Cataluña Central –Vic- y Comarcas Gironines –Banyoles, Figueres y Torroella de Montgrí. A su paso irán incorporándose otros –desde otros puntos de Cataluña Central, Maresme o Àrea Metropolitana- y confluyendo progresivamente hasta llegar la mañana del sábado, día 28, a Barcelona, donde entrarán dos columnas por el norte y el sur de la ciudad. Para alcanzar su objetivo, las caravanas procedentes de los puntos más alejados tendrán que pernoctar el jueves y viernes en varios puntos intermedios –el Morell, Cervera, Manresa y Vidreres, la primera jornada; Molins de Rei, Santa Perpètua i Badalona. El sindicato ha anunciado que asume el coste del gasóleo necesario para los tractores, las comidas y alojamiento de los participantes.

A lo largo de las diferentes etapas, las columnas harán parada en las principales poblaciones y ciudades del país, donde está previsto que sean recibidos por alcaldes y consistorios, en los cuales se entregará el manifiesto de apoyo a sus reivindicaciones de que, anteriormente, ya se envió a los plenos municipales de todo el país. En el acto central del sábado, a las once y media del mediodía en la Avinguda de Maria Cristina, está previsto que se desplacen autocares desde todo el país. Tomarán parte en el acto representantes de los principales sindicatos de trabajadores, entidades como Òmnium, y representantes de la sociedad civil. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también habría anunciado su presencia.

Complicidad social

Los responsables del sindicato quieren que sea una protesta marcada por el «civismo», ordenada y compacta, pero que permita hacer visible, al mismo tiempo, el malestar que vive actualmente el sector. «No tendrá más consecuencias que las de una entrada y salida de Barcelona», ha apuntado al coordinador de Unió de Pagesos en las Terres de l'Ebre, Hilari Curto. «Nos tienen que ver como amigos, que gestionamos el territorio y producimos alimentos de calidad para que los de la ciudad puedan disfrutar», ha añadido. La idea, ha apuntado Verdiell, es hacer cómplice la sociedad catalana de la lucha del sector agrario y hacerla partícipe. «Tenemos razones más que suficientes. Es el momento de decir basta y dar un puñetazo sobre la mesa», ha insistido Curto. El momento, aseguran, es el pertinente y el adecuado. «Estamos en las puertas de un nuevo país: ¿qué modelo de campesinado tiene que haber si acabamos teniendo un nuevo país? Pero también es el momento ahora porque estamos en pleno debate de presupuestos y hace falta que tengamos las partidas adecuadas para evitar los recortes», ha subrayado.

Especialmente espinosa resulta la cuestión de los fondos para el Programa de Desarrollo Rural (PDR), unas ayudas cofinanciadas entre la Generalitat, el Estado y la Unión Europea a cambio que los campesinos se comprometan a cumplir unos requisitos y a aplicar unas medidas concretas. «No podemos perder ni un céntimo más de lo que nos corresponde», ha insistido. El sindicato recuerda que el campesinado catalán ya ha visto cómo el gobierno español disminuía en un 74% la aportación al PDR y que el Gobierno «no ha respetado» las prioridades acordadas al Parlamento reduciendo las inversiones en explotaciones, medidas agroambientales o zonas de montaña.

Recursos y dignidad

La lista de agravios, sin embargo, es amplia y de profundidad. El sindicato entiende también que hay que reconocer el papel del campesinado de la sociedad, renovar el contrato con un sector que es responsable de proveer alimentos seguros y de calidad a la población, pero también de conservar los recursos naturales y el paisaje natural, además de contribuir a la ocupación equilibrado del territorio. Exigen que se establezcan mecanismos para fijar precios justos, que limite severamente el dominio que ejercen sobre los mercados el oligopolio de los grandes industriales y el poder de las cadenas de distribución, con prácticas comerciales que condenan a los productores. El manifiesto que resume las reivindicaciones recuerda también los problemas que ocasiona la fauna salvaje en la producción agrícola y reclama una gestión diligente y eficiente, con una nueva ley de caza catalana que la Generalitat podría implementar. También piden que se paren las «arbitrariedades en materia de urbanismo» por parte del Gobierno en forma de exigencias y no autorizaciones por las obras necesarias en la actividad agraria o el exceso de celo en las sanciones por las deyecciones ganaderas «no intencionadas».

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