ERC lleva al Consejo de Garantías Estatutarias la propuesta del PSC sobre el Fondo Nuclear

El grupo parlamentario de ERC ha llevado al Consejo de Garantías Estatutarias la proposición de ley presentada por el PSC para modificar y ampliar el Fondo de Transición Nuclear. Eso supondrá el aplazamiento de su debate –este miércoles se tenía que votar la lectura única de la proposición- hasta que el organismo emita un dictamen.

Los republicanos, que piden al PSC una rectificación, argumentan que la modificación vulnera artículos del Estatuto y «ataca» el marco competencial de la Generalitat incorporando como receptores de fondo cuatro municipios de Aragón. Reprochan también que la propuesta de ampliación impediría que los municipios más próximos a las centrales se beneficien prioritariamente de ayudas para mantener la actividad industrial una vez cierren las nucleares.

Con esta maniobra, los republicanos consiguen paralizar temporalmente la tramitación de la iniciativa que partía de la modificación de la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2020 y esperan «dar margen» a los socialistas para que rectifiquen su planteamiento, según ha reconocido la diputada republicana ebrense Maria Jesús Viña.

La petición de dictamen en el Consejo enviado ante la mesa del Parlament pone el acento en el hecho de que la propuesta de modificación socialista, que amplía los términos municipales beneficiarios a unos 30 kilómetros de las centrales, vulnera el Estatuto y la normativa estatal de financiación de las comunidades autónomas. En otras palabras, «ataca» el sistema de financiación catalana vigente.

Lo hace, remarcan, porque este criterio supone la inclusión de cuatro municipios de la demarcación de Zaragoza en el reparto de un tributo que es propio de la Generalitat y estaría destinado, con vistas al anunciado cierre de las nucleares, a la reindustrialización de los municipios en un radio de unos 20 kilómetros de las centrales, los que consideran como más afectados y que concentran a la mayoría de las 3.000 personas que trabajan.

Consideran, además, que la creación de un órgano de gestión para repartir los fondos –con un papel destacado de los alcaldes de los municipios que albergan las centrales- atribuye a estos representantes locales unas competencias en materia de desarrollo socioeconómico y transición energética que son de la Generalitat. Proponen, en este sentido, que sea el Departament d'Empresa i Treball quien encabece este organismo.

Tanto Viña como la diputada republicana por el Camp de Tarragona, Irene Aragonès, han tenido duras palabras contra los socialistas. Más allá de los supuestos incumplimientos estatutarios, la primera los ha acusado al PSC de reinstalar «las viejas maneras de hacer», convirtiendo el fondo en una «repartidora menospreciando las poblaciones que quedarán más afectadas sin poder competir con otras áreas más industrializadas y mejor conectadas». «El PSC no piensa en estas 3.000 familias», ha insistido.

Un año trabajando en el reglamento

Por su parte, Aragonès se ha mostrado contrariada por el hecho de que los socialistas hayan presentado en solitario la proposición de ley «cuándo hace un año que se trabaja en un reglamento para distribuir recursos, trabajado consensuadamente» por administraciones y agentes económicos. Un reglamento que se encontraría en exposición pública, susceptible de recibir alegaciones. «Compartimos aumentar –el fondo- un 50%, pero el PSC quiere cambiar normas juego a espaldas territorio y lo hace desde los despachos», ha lamentado. La diputada republicana ha insistido en que la «esencia» del Fondo de Transición Nuclear es «ofrecer alternativas» a la población del territorio una vez cierren las nucleares y mantener «el asentamiento de la población».

«La proposición del PSC de ampliar el radio a 30 kilómetros del término municipal, que no incluye núcleos de población, pervierte el fondo y lo convierte en una repartidora que no hará ninguna justicia en las poblaciones afectadas», ha remachado Aragonés, señalando que los municipios más afectados difícilmente, en estas condiciones, podrán «competido» con poblaciones de mayores dimensiones que ahora se incluirían con el nuevo radio. «¿Qué pretende el PSC cargándose el reglamento? ¿ Cómo explicará el bloqueo de las inversiones industriales a estas poblaciones?», ha inquirido Aragonès.