Treballadors distribuint productes, a la plataforma logística de Caprabo al ZAL.
ACNActualizada 18/01/2022 a las 13:15
Un 30,6% de las empresas catalanas ha tenido que detener la actividad parcialmente por las bajas a raíz de la covid mientras que un 3,1% lo ha tenido que hacer completamente, según una encuesta elaborada por Pimec. Por sectores, el más afectado es el de la construcción (48,8%), el primario (47,1%), la restauración y la hostelería (44%) y el comercio (40,7%). De la encuesta también se desprende que el 70,5% de las empresas catalanas han tenido a algún trabajador de baja por incapacidad temporal entre el 20 de diciembre y el 17 de enero. Concretamente, en el 4% de las empresas ha sido la mitad de la plantilla; el 11,3% entre un 26% y un 50%; el 19,9% entre el 11% y el 25%; el 15,4% entre un 6% y un 10% y el 19,9% entre un 1% y un 5%.
Ante esta situación, las empresas se han reorganizado creando grupos burbuja (32%), aumentando el teletrabajo (27,1%), contratando más personal (21,8%) o mediante otras fórmulas (19%).
Además de la mitad de las empresas –uno 55,8%- afirma que las bajas laborales han supuesto un aumento de costes y el 2,8% ha tenido problemas en la tramitación de las bajas.
Por este motivo, Pimec ha criticado la «falta de previsión» por unos datos que «eran totalmente previsibles» teniendo el comportamiento de la variante ómicron desde su aparición. En este sentido, la patronal ha reprochado a la administración que no haya previsto los protocolos sanitarios pertinentes y no se haya dotado de recursos para evitar «el mal funcionamiento» del sistema a la hora de tramitar las bajas.
En un comunicado, la patronal lamenta que «una vez más se muestre una falta de sensibilidad con el tejido productivo y la actividad económica generando en un primer momento, incertidumbres en los protocolos e inseguridad en empresas y personas trabajadoras, y posteriormente, automatismos de las bajas y las altas que comportan incidencias administrativas».
En este sentido, en declaraciones a ACN, el secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ante el perjuicio que ha comportado para las empresas esta «falta de previsión», ha exigido una «moratoria administrativa para minimizar las incidencias que todo ello ha comportado a las empresas» para evitar que puedan sufrir «reclamaciones, sanciones o intereses por la demora».
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