Las defensas de los encausados en la operación Judas presentarán escritos para impugnar la resolución de procesamiento

Aunque los encausados habían sido citados para declarar a los juzgados de Mollet a las 10.00 h, donde se ha concentrado medio centenar de personas en señal de apoyo, no ha sido hasta las 11.30 h que han podido hacerlo por problemas de carácter técnico. El de hoy era un trámite técnico, la declaración indagatoria, en la que el juez los ha notificado oficialmente la resolución de procesamiento y los delitos de que se les acusa, un procedimiento que ha durado unos treinta segundos para cada uno de los citados, según fuentes de la defensa.

«Impugnaremos la resolución de procesamiento y presentaremos esta semana escritos de nulidad porque hemos detectado incidencias, la última que existe una causa secreta de donde salen los indicios de la pieza separada, y no hemos tenido acceso nunca», adelanta al abogado de Alerta Solidaria Jordi Busquets. Asegura que se trata de «sorpresas» que se van encontrando poco a poco y que dejan en el margen las defensas.

Estos indicios se han derivado, señala, de las «elucubraciones de la Guardia Civil» y de «hechos inconexos» que quedaron reflejados en el atestado policial. «El juez de la Audiencia Nacional ha copiado lo que decía el fiscal, que a su vez copiaba e incluso con faltas de ortografía los atestados de la Guardia Civil, que están hechos en base a fabulaciones,» señala Busquets.

De la misma, también se los ha informado de la existencia de una petición de fianza por parte de la fiscalía de mil euros, una cifra, sin embargo, que todavía no se ha determinado si es en total para los trece encausados o para cada uno de ellos. Las defensas esperan que el jueves, cuando declararán uno de los investigados en Vic (Osona) y seis más en Sabadell (Vallès Occidental) quede claro este aspecto.

A día de hoy, los encausados saben que el juez Manuel García Castellón considera que formaban, dentro de los CDR, el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por los investigados de una «gran radicalidad» que materializó algunas de las acciones más contundentes que llevaron a cabo los CDR y que pretendían asaltar el Parlament. Se enfrentan apenas que van de los seis a los 27 años de prisión.