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Energía

Expertos indican que crear una empresa eléctrica pública es una opción costosa y compleja para abaratar la factura de la luz

Los analistas lo ven una medida a largo plazo y proponen más implantación de renovables a través de la regulación

Actualizada 12/09/2021 a las 12:26

El debate sobre la creación de una eléctrica pública en el Estado ha tomado vuelo a raíz del incremento sin precedentes del precio de la electricidad. Este viernes, el importe del MWh en el mercado mayorista alcanzó un nuevo récord después de situarse por encima de los 152 euros. En este contexto, varias voces han posicionado a favor de esta propuesta, pero su aplicación supondría una gran inversión y sería extremadamente compleja, según los expertos consultados por la ACN. Lo ven como una medida a largo plazo y proponen actuar desde la regulación para favorecer la implantación de energías renovables, una medida que contribuiría a abaratar la factura de la luz de forma más inmediata.
Cuando se habla de una eléctrica pública, antes hay que tener en cuenta su naturaleza. En el Estado, el sector energético tiene cuatro segmentos: la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. Dos de estos segmentos –transporte y distribución- son actividades reguladas y, por lo tanto, no es posible alterar el precio. El transporte, que básicamente se encarga de llevar la electricidad de las plantas generadoras hasta los puntos de distribución más próximos al consumidor, es una tarea que en el Estado lleva a cabo Red Eléctrica en régimen de monopolio legal. Eso es así porque sería enormemente ineficiente construir múltiples líneas de alta tensión que acabaran haciendo los mismos recorridos.

Con respecto a la distribución –consiste en transmitir la energía desde la red de transporte hasta los puntos finales de consumo-, esta va a cargo de empresas privadas, aunque el usuario no puede escoger a quien le presta el servicio. En Cataluña, por ejemplo, el 95% de la distribución va a cargo de Endesa Distribución.

Donde sí que puede entrar una empresa pública está a los segmentos no regulados, que son la comercialización y la generación. En el caso de la comercialización –consiste en suministrar la energía eléctrica al consumidor final-, el margen de incidencia de una compañía de titularidad pública sería prácticamente nulo, según los expertos. Aquí, la empresa en cuestión tendría que adquirir la energía en el mercado mayorista, que es el que durante los últimos días está sufriendo fuertes incrementos de precio. Si el precio de la electricidad crece en el mercado mayorista, el aumento queda reflejado en la tarifa.

Lo que mucha gente se pregunta es si sería posible que una comercializadora pública mantuviera unos precios bajos a base de inyecciones de dinero público. «Esta práctica iría en contra de la normativa comunitaria; vulnera el control de las ayudas de Estado, ya que estaríamos hablando de ayudas incompatibles con el mercado», apunta el investigador titular del Instituto Ostrom, Roger Medina. «Según el principio de neutralidad competitiva, una empresa pública que opera en el mercado no puede ostentar a la vez funciones de regulador y operador», añade.

Por otra parte, hay que tener en cuenta la fuerte competencia dentro del sector comercializador. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el Estado hay más de 300 comercializadoras para el segmento doméstico, algunas de ellas públicas. Barcelona Energia es una comercializadora pública, por ejemplo, pero no ha podido quedar al margen del aumento de precios. La empresa creada por el gobierno d'Ada Colau en Barcelona cuenta actualmente con más de 4.250 usuarios y 4.700 puntos de suministro público, y el año pasado creció un 109%, situándose así entre las 10 primeras comercializadoras en la demarcación. A pesar de eso, todavía está lejos de las cifras previstas.

Fuentes de Barcelona Energia admiten que a pesar de vender energía 100% renovable, «el sistema de compra-venta actual hace que el incremento global del precio afecte a la compra de toda la energía y, por lo tanto, en todas las comercializadoras, sean renovables o no». Por lo tanto, los usuarios de la comercializadora pública también notan el incremento de precio, aunque desde la compañía afirman que pueden absorber parte del incremento para que impacte menos en la factura final de los usuarios» porque no tienen necesidad de obtener beneficios.

Las posibilidades de una empresa generadora
La generación, junto con la comercialización, es uno de los segmentos liberalizados dentro del sector energético. A diferencia de la comercialización, el margen para incidir en los precios del mercado eléctrico mayorista es bastante más amplio, aunque también hacen falta tiempo y una gran inversión, según los expertos.

En el sistema actual, las empresas de generación presentan sus ofertas para cada día y hora del siguiente día. Las comercializadoras, por su parte, demandan una cantidad de energía a un precio concreto, basándose en sus previsiones de demanda horaria. El punto donde se encuentran las curvas de oferta y demanda es el que determina el precio de la electricidad. A partir de aquí, todas las tecnologías que están por debajo del precio marcado producirán electricidad, mientras que el resto quedarán fuera. Las primeras que entran a la subasta son las nucleares, con unos costes de producción mucho más bajos en comparación con el resto de fuentes, seguido de las renovables y, finalmente, las centrales de ciclo combinado.

Así, una eléctrica pública generadora podría contribuir a reducir el precio de la luz, siempre que apostara por fuentes con menores costes de producción. Los casos de Italia y Francia ayudan a entenderlo. En Italia, la empresa mayor del sector energético es Enel, controlada en un 24% por el estado. Aunque el gobierno tiene una participación relevante, el precio del MWh en Italia el último mes de agosto se ha situado ligeramente por encima del de España. Eso se explica porque el 40% de la energía que produce Enel proviene de centrales de ciclo combinado, que son las que arrastran más costes.

En Francia, la empresa líder del sector es Électricité de France (EDF), controlada en un 84% por el gobierno. A diferencia de Italia y del Estado, el precio del MWh en el país galo este mes de agosto se situó en torno a los 70 euros por MWh. Eso se debe al hecho de que buena parte de la energía producida proviene de centrales nucleares -EDF opera más de 50 reactores en el país-, una energía con unos costes muy inferiores al ciclo combinado.

Recuperar las hidráulicas, una opción a largo plazo
Una de las opciones que más se ha hablado estos últimos días es la posibilidad de recuperar las concesiones de las hidroeléctricas. Algunas vencen este mismo 2021, aunque para otros habrá que esperar hasta el 2031. En este caso, una eléctrica pública podría gestionar las tomas para modular la política ofrecida, una opción que sería compatible con la normativa de la competencia.

Al mismo tiempo, una gestión pública de las hidroeléctricas permitiría poner fin a una práctica recurrente durante los últimos días. Aprovechando que los precios en el mercado mayorista son tan elevados, algunas centrales hidráulicas han incrementado su producción, ofreciendo la energía a un precio ligeramente por debajo de las centrales de ciclo combinado. Así, se aseguran entrar a la subasta y, al mismo tiempo, beneficiarse de una sobre-retribución (lo que se denominan beneficios caídos del cielo). A raíz de estas prácticas, se calcula que la energía hidráulica ha fijado el precio del mercado mayorista durante el mes de agosto en más de la mitad de las horas. Esta práctica ya está siendo investigada por la CNMC, después de que los embalses de las cuencas de ríos como el Tajo, el Duero o el Miño se hayan vaciado en poco tiempo.

Aunque la opción se ha puesto sobre la mesa, harían falta mucho tiempo y grandes inversiones para notar cambios en la factura. «Esta no es la solución para hoy, es una solución a medio y largo plazo», destaca al secretario general de Facua, Rubén Sánchez. Al mismo tiempo, hay que recordar que la deuda pública del Estado se sitúa por encima del 125%, una situación especialmente comprometida por las finanzas españolas. Según el representante de esta asociación de consumidores, la solución pasaría para impulsar nuevas medidas reguladoras de que cubrieran a los colectivos más vulnerables, destinar nuevas ayudas para impulsar la implantación de renovables o rebajar el IVA de la factura de la luz.

La fijación de precios
Por otra parte, también se ha hablado de la fijación de precios. La vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cerró la puerta a esta posibilidad, defendiendo que no adoptaría medidas «contrarias al derecho comunitario». En cambio, la vicepresidenta segunda del gobierno español, Yolanda Díaz, defendió que el establecimiento de un precio máximo de la energía «es perfectamente legal».

El debate es complejo, ya que la normativa sí que permite establecer mecanismos de apoyo a familias con dificultades (mercado minorista). No obstante, el investigador titular del Instituto Ostrom, Roger Medina, recuerda que la ley europea prohíbe «tajantemente» precios máximos y mínimos en el mercado mayorista. El artículo 10 del reglamento 2019/943 del Parlamento Europeo lo indica de la siguiente manera: «cuando una autoridad reguladora o una autoridad competente designada haya detectado una política o medida que pueda restringir la formación de precios mayorista, tendrá que adoptar todas las medidas adecuadas para eliminarla o, si no es posible, mitigar su impacto en estrategias de ofertas».

Ahorro de entre un 10% y un 15%
En caso de que finalmente existiera una empresa pública consolidada en el Estado que redujera la volatilidad de los precios mayoristas, el ahorro en la factura de la luz podría situarse «entre el 10% y el 15%», según Medina. Eso se traduciría en un ahorro de entre 9,3 y 13,9 euros en la factura del último mes de agosto, la más cara de la historia. Este escenario, sin embargo, parece quedar lejos.

Después de dejar atrás un agosto de récord, todo apunta que la tendencia al alza se mantendrá. De hecho, el 9 de septiembre el precio de la electricidad marcó un nuevo récord, con el MWh a 152,3 euros. «Si miramos los mercados a futuro, se prevé que el incremento se dure hasta el primer trimestre de 2022», apunta a Medina.
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