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El proceso catalán
Entrada de la seu del Tribunal de Comptes al carrer Torrelaguna de Madrid.

El Tribunal de Cuentas se defiende

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El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad del aval del Govern y pide un informe a la Abogacía del Estado

La delegada instructora también solicitará el embargo a dos de los presuntos responsables

Actualizada 27/07/2021 a las 13:01

El Tribunal de Cuentas ha expresado «dudas sobre la suficiencia y legalidad» del aval del Govern, a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a los excargos a quien el ente reclama una fianza de 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, según fuentes del órgano fiscalizador. La delegada instructora Esperanza García ha pedido que se solicite un informe a la Abogacía del Estado sobre si una entidad que pertenece a la Generalitat -»la misma administración autonómica perjudicada»- puede amparar las posibles responsabilidades contables «por luto o culpa grave». García ve necesario que los servicios jurídicos del Estado se pronuncien antes de decidir si acepta o rechaza la vía ideada por el Gobierno.
 
La delegada instructora ha pedido a la presidencia de la sección de enjuiciamiento que pida el informe a la Abogacía del Estado sobre el aval del ICF, al cual se han acogido 29 de los 34 afectados por la reclamación de una fianza de 5,4 millones de euros.


Aparte, las mismas fuentes explican que, una vez expiró el plazo de prórroga para formalizar la fianza la medianoche de ayer el lunes, procederá al embargo de bienes de dos presuntos responsables que no han formalizado fianza.

En caso de que García no acepte el aval del Govern también procedería al embargo de bienes de los afectados que se han adherido a esta fórmula.

El Tribunal de Cuentas fijó un importe máximo para cada uno de los afectados, que corresponde a la suma de las partidas con las cuales los vincula. La responsabilidad es solidaria y, por lo tanto, todos los excargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia.

Así, si alguno de ellos no pudiera afrontar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables. Por este motivo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 MEUR. De esta manera, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De aquí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que tendrán que pagar solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros.

La delegada instructora vincula al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a su exconsejero|exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros. Al exconseller de Acción Exterior del Govern de Puigdemont, Raül Romeva, al Tribunal de Cuentas lo responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al exconseller de Presidencia de Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros.

Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se los atribuye al exsecretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como a la exinterventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.
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