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Manifestants en la lectura de la carta d'una víctima d'abusos sexuals.

El Congreso impulsa la ley para combatir la impunidad de los abusos a menores

Se amplía a 35 años el inicio de prescripción de los delitos y obliga a denunciar

Actualizada 15/04/2021 a las 15:10

El pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a la Ley de protección integral de la infancia y la adolescencia ante la violencia, que entre sus novedades incluye que el plazo de prescripción de delitos de abuso a menores empezará a contar en el momento en el que el denunciante cumpla 35 años, y no 18 como hasta ahora. La ley incorpora pasos importantes a la legislación, como elimina la custodia compartida en caso de violencia de género, establece que todo el mundo está obligado a denunciar abusos o violencia contra menores e impide la revictimización de los menores de 14 años fijando que sólo tendrán que declarar una vez. Algunos grupos han lamentado que no proteja a los menores en caso de desahucio.
 
La Ley se ha aprobado por 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. Son los votos del PSOE, Podemos, PP, Cs y ERC, mientras que JxCat, el PDeCAT y Bildu se han abstenido por lo que consideran una invasión competencial, y PNV –por el mismo motivo- y Vox han votado en contra.


La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que esta es una ley con una importancia «capital» porque «promueve un cambio cultural». «La ley envía un mensaje claro a la ciudadanía que dice que la violencia en contra de los niños y niñas en cualquiera de sus formas no es aceptable». «Con esta ley la sede de la soberanía popular dice 'no a los niños y las niñas', ha afirmado.

La ampliación del plazo de prescripción es una de las demandas históricas de los colectivos de afectados por los abusos a menores y ha quedado incorporada en el texto fruto de una enmienda transaccional pactada entre el PSOE, Unidas Podemos, ERC, Cs, EH Bildu, BNG y Más País.

A la práctica se amplía en cinco años el plazo que constaba al proyecto de ley, que situaba a los 30 años de edad del denunciante el inicio del plazo de prescripción. Hasta ahora la prescripción empezaba a partir de los 18 años.

Según el texto, la ley busca proteger la «integridad física, psíquica, psicológica y moral» de los menores de edad de cualquier tipo de violencia. Incluye cambios en el ámbito educativo, sanitario, judicial, de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que sepan actuar ante casos de maltratos y los procedimientos donde se vean implicados niños y adolescentes.

Obligación de denunciar
En este sentido, establece por primera vez que cualquier persona que tenga conocimiento o indicios de violencia contra un menor está obligada a comunicarlo «de manera inmediata» a las autoridades. También incluye casos de familiares de los supuestos agresores.

Nuevos delitos
Además, tipifica nuevos delitos que se cometen a través de las redes o Internet. Castiga a los que promuevan el suicidio, la autolesión o trastornos alimentarios entre menores, así como los delitos sexuales. El texto establece que las autoridades judiciales ordenarán la retirada de los contenidos que recojan estos delitos.

Los menores de 14 años sólo tendrán que declarar una vez
Otra de las novedades importantes es que los menores de 14 años sólo tendrán que declarar una vez durante todo el proceso policial y judicial. Se trata de evitar la doble victimización. Estará en fase de instrucción, será una declaración grabada, y las autoridades tendrán que asegurar que no se produce ningún tipo de contacto entre la víctima y el supuesto agresor en las dependencias policiales o judiciales.

Formación de policías y maestros
La ley establece que se dará formación especializada tanto a los docentes como los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detectar y actuar en casos de violencia contra menores. En la escuela se crea la figura del «coordinador de bienestar y protección» que tendrá que velar por el cumplimiento de los protocolos que se crearán expresamente. En la policía se crearán unidades especializadas.

Los servicios sociales pasan a ser «agente de la autoridad»
Otro de los cambios establece que los agentes sociales pasan a ser considerados como «agente de la autoridad» con respecto a la protección de menores. Además, en el texto de la ley el gobierno español se compromete a crear una especialización sobre infancia en los juzgados en el plazo de un año de la entrada en vigor de la norma.

Un registro sobre abusos
El texto también establece la creación de un registro con información sobre abusos a menores. El gobierno español lo tendrá que elaborar y enviar a todas las administraciones, al Consejo General del Poder Judicial y a las policías. Recogerá datos básicos de víctimas y agresores, además de información policial y las medidas que se han adoptado.

Actuación integral en caso de violencia de género
Uno de los aspectos que ha permitido el consenso en torno a la norma es que obliga a las administraciones a actuar de forma integral en caso de violencia de género, de manera que no se escinda un supuesto caso de maltrato a la madre de la situación de los hijos que viven allí.

No hay «síndrome de alineación parental»
El texto prohíbe que se tenga en cuenta en un juicio el «síndrome de alineación parental» que muchos padres aducen en los procesos judiciales para denunciar una campaña de denigración de la madre hacia su persona ante los hijos.

La ley entiende que no hay base científica sobre un síndrome que los expertos en violencia doméstica denuncian como herramienta que juega en contra de las madres en los tribunales.

Abstenciones y votos en contra
Bildu se ha abstenido y el PNV ha votado en contra porque aunque comparten el contenido de las iniciativas el texto supone una «recentralización» de competencias sobre la infancia por parte del Estado. Bildu ha denunciado también la ausencia de la protección de menores en caso de desahucio.

Es el mismo caso del PDeCAT y JxCat, que ha compartido las medidas y ha incorporado enmiendas durante el trámite en comisión, pero que finalmente se ha abstenido por lo que consideran una invasión sobre las competencias de la Generalitat.

ERC –que no ha participado en el debate por el confinamiento por un positivo de covid en el grupo- ha votado favorablemente aunque fuentes de la formación han asegurado que se trata de un «sí crítico» por la cuestión competencial.

Contrariamente el PNV –que ha votado 'no' por la invasión competencial- Vox ha hecho un voto en contra ideológico contra lo que la diputada Maria Teresa López considera una ley «ideológica» que «amenaza la familia, con que es el santuario de la vida, los valores y la tradición». Ha criticado especialmente que los servicios sociales puedan separar a los niños de sus familias en caso de maltrato.
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