El gobierno estudia pagar 11.000 euros por cada año que se retrase la jubilación

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha avanzado este lunes que el gobierno español plantea un pago único de hasta 11.000 euros por año por retrasar la jubilación. En su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Escrivá ha reconocido que uno de los objetivos de la futura reforma de las pensiones es incentivar esta jubilación demorada. «Aquí hemos pensado en tres opciones: un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora, un pago único de hasta 11.000 euros por año de demora, o bien una combinación de ambas», ha apuntado el ministro de Inclusión, que también apuesta para que las pensiones se revaloricen a partir de ahora con el IPC del año anterior.

«Se trata de un nuevo mecanismo más sencillo y fácil de comprender, basado en el IPC, y que sería evaluado cada cinco años por el propio Pacto de Toledo», ha afirmado Escrivá, que considera que este nuevo mecanismo se está concretando en una fórmula «más transparente y comprensible para todo el mundo» que dejaría atrás el sistema implantado en 2013 por el ejecutivo de Rajoy. «Y en el supuesto caso de inflación negativa –un hecho muy poco frecuente- las pensiones no sufrirían ninguna reducción, sino que quedarían inalteradas», ha puntualizado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sería en los tres años siguientes con valores positivos cuando se compensaría esta diferencia, sacado de las pensiones mínimas a las que no se los aplicaría esta compensación.

Escrivá ha insistido en la necesidad de alinear la edad real de jubilación de los españoles (64,5 años) a la edad legal de 66 años establecida este año por la reforma de las pensiones de 2011, y que aumentará a los 67 años en 2027. «Hay que hacer mucho más atractiva la permanencia en el trabajo para todos aquellos trabajadores que puedan y deseen seguir trabajando», ha recalcado el titular de Seguridad Social, que ha defendido nuevos incentivos como este pago único por cada año de demora de la jubilación. Según la propuesta del gobierno español, para un pensionista con una pensión anual de 15.000 euros en la edad ordinaria supondría incrementarla a 21.285 euros si pide un año de demora y a 27.570 euros por dos años de demora. Este «cheque» iría de un mínimo de 4.785 euros hasta un máximo de 12.060 euros.

«Dificultar» las jubilaciones anticipadas y las parciales

En paralelo, Escrivá ha puesto sobre la mesa otras iniciativas como la modificación de los coeficientes reductores de jubilación anticipada, puesto que en estos momentos «el sistema es regresivo y favorece las rentas más altas», la flexibilización de la jubilación parcial o la modificación de la cláusula de jubilación forzosa. El Ministerio de Inclusión plantea que los coeficientes reductores sean mensuales –en vez de trimestrales como por ejemplo- y Escrivá se ha mostrado claramente partidario de «dificultar» estas jubilaciones anticipadas. En la actualidad, si una persona se quiere jubilar dos años antes tiene una reducción del 16% el primer año con reducción progresiva hasta el 2%. El ministro quiere que a partir de ahora este recorte sea del 21% para acabar bajando al 3,3%.

Otro de los caballos de batalla, según Escrivá, tendrán que ser las jubilaciones parciales. «Hay que flexibilizar su uso y también corregir el abuso que se ha hecho de esta figura en algunos momentos», ha señalado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que cree que esta jubilación parcial se ha convertido en un tipo de jubilación anticipada. Escrivá ha trasladado a los agentes sociales que quiere limitar la concentración de la jornada hasta el 60% en el primer año, con la posibilidad que en algunos trabajos considerados peligrosos se pueda respetar la totalidad de la compactación. El ministro igualmente se muestra partidario de eliminar las jubilaciones forzosas por convenio colectivo, con un periodo transitorio de un año.

«Proponemos un modelo parecido al francés, que no aplica las cláusulas hasta los 68 años, con políticas activas para fomentar la permanencia», ha remachado Escrivá. El cálculo del gobierno español es que este 2021 hasta un millón de trabajadores trabajan en un sector con convenios donde se incluye una cláusula de jubilación forzosa. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que el objetivo de la reforma es que «la jubilación sea un derecho y no una obligación, como establecen ahora algunos convenios». Finalmente, Escrivá ha avanzado la intención que el nuevo sistema de cotización para autónomos -con 13 tramos- entre en vigor el enero del 2022 y también se ha mostrado convencido que el déficit presupuestario de la Seguridad Social se eliminará el 2023.