Con respecto al transporte, la ley fija que dentro de 30 años el parque de turismos tendría que ser libre de emisiones directas de C02. El ejecutivo no prohíbe la comercialización de coches contaminantes pero, como paso previo, el año 2040 los vehículos comerciales ligeros nuevos tendrían que tener cero gramos de CO2 por kilómetro.
Además, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares tendrán que introducir en la planificación de ordenación urbana la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde del 2023 así como acciones para favorecer los desplazamientos a pie o en bici y la movilidad eléctrica.