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Economía

Las empresas buscan «flexibilidad» para reducir plantilla y ven como una «hipoteca» mantener el empleo post-ERTO

Las patronales alertan de un aumento de los ERE cuando acaben los ERTO y avisan de una situación económica «muy delicada»

Actualizada 17/10/2020 a las 10:28

Despidos de trabajadores, ERTO, reducciones de jornada o la implantación del teletrabajo. Las entidades empresariales buscan «flexibilidad» para reducir las plantillas y ven como una «hipoteca» para la viabilidad de muchas empresas la obligación de mantener el empleo en los seis meses posteriores a la finalización de los expedientes. De hecho, los abogados laboralistas han detectado un número creciente de empresas reticentes a beneficiarse de las exoneraciones a la Seguridad Social por la salvaguardia del empleo durante medio año. Las patronales alertan de un aumento de los ERE en los próximos meses y avisan de una situación económica «muy delicada», con una reducción de la actividad del 10% con respecto a hace un año y cerca de 145.000 trabajadores en ERTO.
 
Las organizaciones empresariales consideran que la obligación de mantener el empleo seis meses después del fin de los expedientes es, para muchas compañías, una «hipoteca». Esta cláusula impide a las empresas despedir trabajadores en el siguiente medio año a la finalización de los ERTO. En caso de que una compañía quisiera extinguir el contrato de un único trabajador afectado por un expediente con derecho de exoneración, la empresa tendría que devolver la totalidad de las exoneraciones de todos los empleados afectados por l'ERTO y un recargo del 20%.


«Nos parece una sanción absolutamente desproporcionada», afirma el director de relaciones laborales y asuntos sociales de Fomento del Trabajo Nacional, Javier Ibars, en declaraciones a ACN. A esta se podría sumar otra multa futura en caso de que Inspección de Trabajo entendiera que las bonificaciones se han aplicado «indebidamente». «Es una posibilidad que se puede desprender de la proliferación de normas poco claras, confusas y con consecuencias que desconocemos», añade la directora del área jurídica de Pimec, Estrella Rincón.

Las empresas tratan de esquivar una de las patas de el «escudo» que ha diseñado el gobierno español, el 'prohibido despedir', basada en dos normas. La primera, marca que no puede haber despidos por causa objetiva relacionada con la covid-19 hasta el 31 de enero. La segunda, el compromiso de mantener seis meses el empleo a cambio de recibir bonificaciones de los ERTO, que los sindicatos lucharon para que se renovara con la prórroga de los expedientes hasta finales de enero.

En los dos casos, hay discrepancias jurídicas sobre las consecuencias y la aplicación de estas medidas. De momento, los tribunales no han mostrado una posición clara sobre los despidos por causa vinculada a la pandemia, con sentencias que los consideran nulos o improcedentes. Esta falta de posición unánime comporta que las consecuencias de despedir pueden ser más o menos perjudiciales a los empresarios.

En el caso de la prohibición de despedir vinculada a los ERTO, abogados laboralistas afirman que la norma no deja claro cuando empiezan a contar los seis meses de garantía de empleo y cuál es la sanción exacta cuando se incumple esta cláusula. «Son dos puntos abiertos a interpretación, generan mucha inseguridad e impiden a las empresas tomar decisiones», apunta el jurista experto en materia laboral a Nicolás Martín.

A partir de septiembre, Martín ha empezado a detectar que las empresas quieren aprovechar «el aligeramiento del coste salarial» que ofrece un ERTO -ya que es el Estado quien abona los salarios en forma de paro- pero no las bonificaciones de la Seguridad Social porque «son conscientes de que no podrán respetar la garantía de empleo seis meses». Por lo tanto, hay compañías que piden no recibir estas ayudas, que se tendrían que devolver completamente si echan a algún empleado.

De hecho, ya hay empresarios que han decidido hacer este paso voluntariamente. Es el caso de un grupo que gestiona un hotel y un restaurante y tiene 65 trabajadores. Para salir adelante con el negocio de hostelería, ha decidido despedir a los 27 empleados del restaurante y previamente ha pagado todas las cotizaciones a la Seguridad Social que se había ahorrado por haber presentado un ERTO desde el inicio de la pandemia. Martín, el abogado de la empresa, explica al ACN que si se hubiera esperado que la denuncia de la plantilla llegara a la Inspección de Trabajo o que la Tesorería de la Seguridad Social lo detectara habría podido incurrir en multas pero en este caso «no hay sanciones porque la empresa ha actuado de manera muy limpia».

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social afirman que este no es un fenómeno extendido y señalan que el procedimiento de las bonificaciones es «complicado», cosa que implica que incluso en el caso de este retorno voluntario no se pueden descartar sanciones.

Por su parte, Fomento del Trabajo recomienda a las empresas que tengan la «previsión o necesidad» de despedir empleados en un periodo de seis meses que no presenten expedientes de bastante mayor con derecho a exoneraciones. «La cláusula de la salvaguardia puede comportar una serie de problemáticas para empresas que tengan la necesidad de extinguir contratos», explica Ibars.

Actualmente, Cataluña tiene cerca de 145.000 trabajadores afectados por ERTO, un 20% de la cifra máxima registrada en el pico de abril. «El nivel de reducción de los expedientes se está frenando en los últimos meses», asegura a la responsable de análisis económico de la Cámara de Comercio de Barcelona, Carme Poveda. Esta disminución se explica por la actuación de empresas de los sectores «con perspectivas de baja actividad» en los próximos meses, que optan por mantener los expedientes hasta que se reanude la actividad.

En cualquier caso, los expedientes temporales también han ido «evolucionando» desde el inicio de la pandemia. En marzo, la mayoría de expedientes eran de suspensión de la actividad. «A medida que se empezó a reanudar la actividad, se incentivó el retorno al trabajo y había mejores exoneraciones para los trabajadores en activo, las empresas se animaron a desafectar trabajadores», afirma la directora del área jurídica de Pimec. Muchas de estas desafecciones se dieron entonces en forma de reducción de jornada.

La obligación de mantener el empleo seis meses después del fin de los ERTO también ha limitado el aumento de los ERE. Sin embargo, la responsable de análisis económico de la Cámara de Comercio de Barcelona alerta de un incremento de los despidos una vez finalicen los expedientes. Los ERE ya han aumentado un 39% anual hasta el mes de agosto, un crecimiento «importante» pero poco significativo con respecto a la magnitud. El Departamento de Trabajo cifra en 100.000 los lugares de trabajo perdidos durante la pandemia.

Sin embargo, la cifra absoluta de los ERE se podría disparar en función del momento en que se retiren los ERTO. «Si se retiran demasiado pronto, se puede generar un flujo d'ERTO a ERE. Si se retiran demasiado tarde, supondrán un coste por el sector público muy elevado que tendremos que compensar con otras medidas de política económica», resume Poveda.

Ibars prevé un «incremento sustancial» de los ERE en el cuarto trimestre de este año y los primeros tres meses del próximo año. Hasta septiembre, 4.680 trabajadores han perdido el trabajo dentro de un procedimiento de despido colectivo. «También es una consecuencia obvia de la situación de la cual partimos. Muchas empresas están intentando aguantar como pueden vía ERTO o vías alternativas pero, en definitiva, estamos llegando a un punto donde hay un ahogo de las empresas y los ERTO resuelven una situación coyuntural», afirma.

Más allá de los ERTO y los ERE, las empresas valoran «cualquier posibilidad» para ajustar las plantillas a la nueva realidad económica, «muy delicada». Una de las medidas que se están aplicando para reducir los costes laborales es el teletrabajo, una vía que permite ahorrar en el alquiler, la luz y el agua. Otras compañías apuestan por un cambio en su modelo de negocio, una «alternativa a los despidos», según Rincón. Las reducciones de salarios o de jornada también pueden ayudar a reducir costes en las empresas, pero son menos habituales en tanto que requieren un consenso con los trabajadores.
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